Universidades privadas: por una ley que regule el aumento indiscriminado de cuotas

No es ninguna novedad que en nuestro país existan pequeñas minorías que quieren lucrar a costa de amplios sectores de la población: trabajadores, jubilados y, en el caso al que alude esta nota, estudiantes. La gravedad del asunto está en que el Estado, manejado por gobiernos con intereses afines a estas minorías, permita este tipo de injusticias. En la Argentina de Cambiemos, naturalmente, esta realidad resulta más evidente y grosera que nunca.

 

Para este año, las universidades privadas mendocinas ya han anunciado que el aumento de las cuotas mensuales será de alrededor del 30,5%. La respuesta de los estudiantes no se hizo esperar, y el pasado lunes 18 de febrero se movilizaron contra la suba desmedida. Sumado a los tarifazos, los aumentos en el transporte y el ajuste generalizado a nivel nacional y provincial, el aumento de las cuotas profundiza la situación de desigualdad: cada vez son menos los estudiantes que pueden acceder a la amplia oferta de carreras y al turno noche de cursado, ambos aspectos exclusivos de la universidad privada. Pero, ¿por qué las instituciones privadas pueden incrementar los precios al propio antojo? Esto ocurre porque no existe ningún mecanismo específico estatal o legal que regule el aumento indiscriminado de las cuotas en las universidades privadas. Hace algunos años, se intentó remediar la situación mediante un proyecto de ley de regulación de cuotas en las universidades privadas, pero no contó con la voluntad de algunos legisladores para su tratamiento.

 

Una forma de poner un límite al lucro de la educación privada

El proyecto contemplaba que las instituciones educativas privadas debieran presentar, cada año, un informe de precios al entonces denominado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el informe debían estar precisamente detallados los importes de las cuotas, matrículas, derechos de exámenes, certificados y cualquier otro concepto que representara un costo para los estudiantes. En un plazo no mayor a treinta días, el Ministerio emitiría un dictamen aprobando o desaprobando los precios detallados en el informe, o exigiendo las modificaciones pertinentes. El dictamen debía tener en cuenta el índice de inflación y guardar una relación adecuada con el salario mínimo vital y móvil. En síntesis: el Estado debía autorizar a las instituciones privadas los precios que estas quisieran cobrar a los estudiantes.

Hay que destacar que uno de los principales motivos que permiten a las instituciones privadas aumentar las cuotas a gusto y piacere es que no deben rendir cuentas a nadie de los aranceles que cobran. Como ellos ofrecen un “servicio” en el “mercado”, tienen el “derecho” de manejarse como gusten con los precios sin tener que explicar nada. Pero estamos hablando de un aspecto tan importante en lo cultural para el país como lo es la educación, y esta “libertad” de que disponen las instituciones privadas les permite especular a partir de las falencias de las universidades públicas.

Si las instituciones privadas tuvieran que explicar ante un organismo del Estado los precios de las cuotas, y necesitaran su aprobación para poder hacerlos efectivos, se pondría un límite a los aumentos y al lucro indiscriminado a costa de los estudiantes. El mencionado proyecto de ley contempla esta posibilidad. Lógicamente, las universidades públicas tienen mucho que ver en el asunto, pues si contaran con un turno noche de cursado y con un abanico más amplio de carreras, los estudiantes no necesitarían pagar ningún arancel. Así, la educación estaría un paso más cerca de ser un bien cultural inalienable del pueblo argentino, y un paso más lejos del lucro a partir del cual se benefician unos pocos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, el texto completo del proyecto de ley mencionado

PROYECTO DE LEY REGULACIÓN CUOTAS UNIVERSIDADES

PRIVADAS

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, sancionan con fuerza

de ley…

Artículo 1°: Las instituciones educativas de gestión privada, incorporados a

la enseñanza oficial, del nivel superior y/o universitario deberán presentar ante el

Ministerio de Hacienda, de manera anual, un informe de precios que contenga lo

siguiente:

a) Importe de la cuota mensual o arancel que percibirán por la prestación

del servicio educativo, discriminado por cada carrera en caso de que sea necesario;

b) Importe de la matrícula de inscripción, reinscripción o de derecho a

recursar;

c) Importe o arancel por derecho de examen o permiso para rendir;

d) Cantidad de cuotas que se percibirán en el año;

e) Forma y plazo de pago de las cuotas;

f) Importe y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora;

g) Importe de la libreta universitaria y certificado analítico de estudios;

h) Todo otro concepto que represente un costo para los estudiantes y que

esté asociado a la prestación del servicio educativo durante el ciclo lectivo.

Art. 2°: Las instituciones educativas referidas en el artículo anterior

deberán presentar el informe de precios, con los contenidos mencionados, durante

el transcurso del mes de agosto de cada año.

Art. 3°: El Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor a los treinta (30)

días, realizará un dictamen técnico en materia de precios, sobre el informe

presentado por los establecimientos mencionados en el artículo primero. Dicho

dictamen deberá guardar relación con el índice de inflación oficial y el salario mínimo, vital y móvil.

Art. 4: Todas las cuotas, como así también los montos que se abonen por cualquier concepto deben ser autorizados por el Ministerio de Hacienda, previo a ser examinados los Estados Contables y Balances de las Asociaciones o Fundaciones sin fines de lucro de las cuales dependen, ajustándose además a los criterios de fijación de importes que en esta ley se establecen; en acuerdo con la legislación de la Provincia donde esté radicada la institución prestadora.

Art. 5: Los montos de cuotas o importes que se abonen por cualquier concepto y sus respectivos aumentos que sean propuestos en ningún caso podrán ser superiores para todo el año lectivo al porcentaje de inflación oficial estimada por el presupuesto anual confeccionado por el Estado Nacional o su prórroga. En caso de aumentos sucesivos o escalonados, el monto de los mismos se establecerá previo al inicio del ciclo lectivo y se tomará como referencia el monto de la última cuota del ciclo lectivo que termina, no pudiendo en ningún caso tomarse como referencia el monto de una cuota que ya ha percibido aumentos.

Art. 6: El importe de la cuota que se fije debe guardar relación adecuada respecto al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, establecido anualmente por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil de la República Argentina. Se entiende por adecuado el monto que, devengado del salario, permita al estudiante efectuar los gastos normales y necesarios para su desarrollo vital, tales como alquileres, alimentación, pago de impuestos y servicios, mantención familiar, atención de la salud y desarrollo deportivo.

Art. 7: Los límites que se impongan a los montos de cuotas o importes que se abonen por cualquier concepto, de modo alguno puede implicar la reducción, eliminación, suspensión o restricción de becas, estímulos, ayudas, premios o incentivos que reciben los alumnos de los respectivos institutos. Como así tampoco, podrá ser esto una causal de reducción de sueldos, horas o dedicación docente.

Art. 8: Todo aumento o modificación de los montos de cuotas o importes

que se abonen por cualquier concepto deberán ser informados con un mínimo de

60 días a los estudiantes de las respectivas universidades.

Art. 9:. Cualquier aumento o modificación sobre el monto de cuotas o

importes que se abonen por cualquier concepto que se pretenda cobrar sin

ajustarse a lo establecido, será considerado nulo y da derecho a los estudiantes a

no abonar el monto que excede lo autorizado sin que ello implique perder su

condición de alumno ni ninguna otra restricción que pretenda imponerse desde la

institución educativa.

Art. 10°: En caso de que se violare lo dictaminado por el Ministerio de

Hacienda o por un organismo de su dependencia, los establecimientos educativos

serán sancionados según lo establecido en el artículo cuarenta y siete (47°) de la

Ley de Defensa del Consumidor, N°24.240.

Art.11°: El cumplimiento de la presente ley será considerado por la

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) al

momento de realizar la evaluación externa a cada institución.

Art.12°: Los establecimientos universitarios de gestión privada deberán

exhibir permanentemente en sus instalaciones, en un lugar destacado y visible,

copia de la presente ley.

Art. 13°: El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente en un plazo

no mayor a los ciento veinte (120) días contados a partir de su publicación en el

boletín oficial.

Art. 14°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional sancionada en 1853 consagra el derecho de

enseñar y aprender conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. No existía

en aquel entonces un marco normativo que propiciara la existencia de

Universidades privadas en el país.

Hacia 1881 el Estado Nacional se hizo cargo de la Universidad de Buenos

Aires, eliminando con esto la posibilidad que se planteaba fundamentalmente

desde algunos sectores vinculados con la Iglesia Católica de permitir la formación

de Universidades “libres” con autorización para expedir títulos habilitantes.

La sanción de la Ley de Educación 1420 en 1884 que establece la educación

laica, gratuita y obligatoria, termina con los intentos de educación religiosa

privada en la Argentina. De hecho en 1910 se crea la primera universidad

dependiente de la Iglesia Católica que tiene que cerrar sus puertas en 1922 ya que

solamente era el Estado quien tenía el monopolio de la emisión de títulos

profesionales válidos.

La ola inmigratoria que llega al país a partir de la década de 1880 vuelve a

plantear la posibilidad de la educación libre. Estos cientos de miles de hombres y

mujeres que llegan al país, lo hacen atados a sus costumbres, tradiciones, historia,

lenguas y cultura. Poco tenían que ver los inmigrantes con el pasado común de

todos los latinoamericanos, el cual les era absolutamente desconocido e

indiferente. Así, explica Jorge Abelardo Ramos:

En la provincia de Santa Fe había en 1887, 3293 extranjeros propietarios y

solo 723 argentinos. El gobierno italiano apoyaba las tentativas de colonias en

nuestro país para sostener sus propias escuelas, donde la enseñanza del castellano

era desconocida, del mismo modo que la historia nacional y su geografía… No se

trataba solamente de las escuelas italianas; en 1909, veinte años después de la época

de Juarez Celman, Ricardo Rojas se refería en su libro citado a las escuelas sostenidas

por las congregaciones religiosas internacionales; a las escuelas dependientes de

colonias extrajeras, con maestros extranjeros, subvencionadas por parlamentos y por

monarcas de Europa; a las escuelas particulares con fines de lucro, frecuentemente

por irresponsables; a las escuelas judías algunas dependientes de la Jewish

Colonization Asociation, cuyos programas estaban completamente al margen de la

vida, la historia, las costumbres y la geografía argentina. De esta manera, según

Rojas, la escuela privada ha sido en nuestro país uno de los factores activos de la

disolución nacional”.1

La imposibilidad de crear Universidades privadas, se mantuvo hasta el

golpe de Estado al presidente Juan Domingo Perón. A poco de tomar sus cargos, los

responsables de la Revolución Fusiladora sancionaron el decreto-ley 6403/55 que

establecía que “la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán

habilitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes”.

En 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi, la discusión entre “laica o

libre” derivó en la sanción de la ley 14557 que reglamentó la forma de crear

nuevas universidades privadas. Este periodo se mantendrá hasta el año 1974

cuando un decreto del Poder Ejecutivo Nacional suspende la creación de nuevas

instituciones privadas.

Pasado el golpe cívico militar de 1976, durante los gobiernos de Alfonsín,

Menem y De la Rúa se pone en tela de juicio la existencia y función del Estado. La

financiación de la economía, el cumplimiento sin condiciones a los postulados del

Consenso de Washington, la pretensión de eliminar la discusión y participación

política, primero mediante la picana de Martínez de Hoz y Videla y luego por la

frivolización de la década del 90, condujo a la casi desaparición del Estado.

Achicar el Estado es agrandar la Nación” fue el correlato de la prédica de

desregulación, tercerización y achicamiento del Estado.

La idea de que el Estado es mal administrador, que se propagó por todos los

medios de comunicación y fundamentalmente por las cátedras universitarias,

implicó la privatización de todos los servicios públicos y empresas del Estado,

1 Ramos, Jorge Abelardo. Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Del

patriciado a la oligarquía.

siendo éste un requisito indispensable para garantizar el régimen de convertibilidad.

Así como el Estado no servía para prestar sus servicios, tampoco servía para garantizar la educación en la Argentina. La expansión abrumadora de las Universidades y colegios privados fue su trágica consecuencia. Finalmente en 1995 con la sanción de la Ley de Educación Superior se cumplió con las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sostuvieron la mercantilización de la educación en la Argentina.

Explica Atilio Borón:

La extensión de los principios del «libre mercado» al terreno de la educación y la resultante concepción de ésta como una mercancía más, ha precipitado las renovadas presiones gubernamentales reclamando la pronta adopción de estrategias tendientes a «racionalizar» y recortar el presupuesto educativo, a la vez que cobran nuevos ímpetus las políticas tendientes a privatizar y desregular el sistema, y a constituir un verdadero «mercado educativo» al cual tendrán acceso sólo los privilegiados.”

Así, se permite la aplicación de aranceles universitarios, se restringen los cupos de ingreso, se eliminan contenidos en las carreras de grado para crearse posgrados que son obviamente pagos. La educación se mercantiliza haciendo suculentos negocios los privados, sean estos locales o extranjeros.

Queda demostrado que el acceso a la educación superior no es para todos, se limita a aquellos que lo pueden pagar. Esto, contraría todo tipo de derechos y principios reconocidos por nuestro ordenamiento legal.

Así, la Constitución Nacional reza en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos… de enseñar y aprender.”

Al mismo tiempo la Ley 24521 establece en su artículo 3: “La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas

responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático”.

Organismos internacionales y regionales respaldan lo expuesto. La Unesco ha dicho: “la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido”, “concebir la educación como derecho y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan». Al mismo tiempo la UNASUR afirma el hecho de considerar la Educación Superior como un bien público y social y un derecho humano.

Conforme a todo lo dicho, corresponde al Estado, y no a los privados, la función indelegable de garantizar el acceso a la educación de todos aquellos que pretendan hacerlo.

ACLARACIÓN FINAL

El presente proyecto de ley ha sido realizado en base a proyectos previos que han tratado sobre el tema, tanto a nivel nacional como en las provincias.

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