¿Qué pasa con la interrupción legal del embarazo en la Argentina?

 

 

Desde 1921, el Código Penal Argentino permite el aborto en dos casos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2).

En el año 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se elabora el Protocolo de Aborto No Punible y un año más tarde se implementa en las provincias que deciden adherir. Sin embargo, debido a que el documento carece de estatus de resolución ministerial, no ha sido acompañado por una estrategia firme que promueva su amplia difusión y aplicación por parte de las autoridades federales.

En marzo de 2012, en el caso “F., A.L. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual. También estableció que ninguna mujer debe solicitar una autorización judicial previa para acceder a la práctica (incluso en los casos de peligro para la vida o la salud) y que las mujeres que fueron víctimas de una violación no tienen la obligación de realizar la denuncia penal del delito, sino que basta que completen una declaración jurada en la que manifiesten que el embarazo es producto de una violación. Si bien esto ya lo contemplaba el Protocolo, sirvió como herramienta para aquellas mujeres que se encuentran en provincias que no han adherido a este.

Finalmente, este año se discutió en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual derogaba los artículos 85 inc. 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación para establecer que Art. 1° En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional[1]. Sin embargo, luego de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, fue rechazado en la Cámara de Senadores, lo cual implica que no se puede discutir hasta el próximo año.

Ahora bien ¿cuál es el estado de situación en nuestro país luego de estos avances en la Salud pública para la mujer?

-          Nueve jurisdicciones no cuentan con protocolos (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la jurisdicción nacional).

-          Siete jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles. (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta).

-          Nueve jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la CSJN (Chaco, Chubut, Jujuy, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego)

Esto quiere decir que más de la mitad de las jurisdicciones de nuestro país no cuentan con un sistema regulado para que las mujeres puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.

En un estudio realizado por la Asociación por los Derechos Civiles, se realiza un análisis pormenorizado de la situación en cada provincia. Sin embargo, es casi imposible acceder a los números, que por más superficiales que parezcan, pueden esclarecer la pésima situación por la que pasan algunas mujeres.

No obstante, es posible analizar los avances en aquellas provincias que han adherido al Protocolo en contraposición con aquellas que no lo han hecho en otros aspectos, que pueden parecer detalles, pero son fundamentales para evitar que las mujeres sigan muriendo a causa de la falta de ayuda por parte del Estado.

En provincias como Chubut o Entre Ríos, el plazo para realizar el aborto desde el momento en que es solicitado no puede exceder los 5 días y en las demás provincias con Protocolo, 10 días; evitando así el paso del tiempo que, debido a procesos burocráticos, puede poner en tela de juicio la vida de la mujer a la hora de realizar el procedimiento. Las provincias que no tienen protocolo, no cuentan con ninguna obligación de evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasan innecesariamente la atención y disminuyen la seguridad de las prácticas.

Al poseer un Protocolo, se crean mecanismos que permiten resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto. Cuando éste no existe, está casi librado al azar.

También se ha exigido, la necesidad de formar a profesionales, crear servicios e infraestructura específica y dotar de los insumos necesarios para su implementación. Aunque si no hay Protocolo que lo establezca, no hay ningún caso de alguna provincia cuyo gobierno se haya dado la política de garantizar las facilidades edilicias y profesionales.

Entonces, no solo es la adhesión a un protocolo, sino además la exigencia para que esto se cumpla, lo que ha brindado en algunas provincias (con seguridad nueve) una disminución en los obstáculos que impedían a las mujeres a acceder a este procedimiento.

En Mendoza, y en ocho provincias más, seguimos sin adherir a ningún protocolo. No sabemos si es desinterés o hijaputez, pero mientras tanto, son miles las mujeres que mueren porque no pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo, en las condiciones en las que debería ser brindada por el Estado.

Y aunque en algunas provincias esto avanza y se toman medidas para poder perfeccionar el acceso a la ILE, no basta. Es necesario que sean todas las provincias las que regulen y proporcionen las herramientas, el lugar, la capacitación, para poder mejorar nuestro sistema de salud.

Si no hay ley, que haya protocolo.

 

Fuente:

Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación. Asociación por los Derechos Civiles, Marzo 2015.