Opinión

Es un hecho indiscutible que detrás de cualquier medio de comunicación existen intereses económicos concretos que los sostienen. Dime quien te financia y te diré que estás leyendo.

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Multa de Capital por corte de calle en protesta contra Macri

Escrito por Viernes, 27 Julio 2018 14:10 Publicado en Opinión

Desde la Municipalidad de Capital se sancionó a distintas organizaciones políticas y/o gremiales con el argumento de que a raíz de la manifestación que las mismas realizaban se impedía el desarrollo del tránsito en la esquina del kmO. Parece que ni al intendente de la Capital de la Provincia ni al gobernador les hace gracia que los mendocinos hagan sentir su descontento con el macrismo a viva voz. En esta ocasión la multa fue económica; la próxima, ¿se aplicará sobre los manifestantes medidas similares al decreto que las organizaciones repudiaban? Ya sea económicamente o a través de la fuerza física, el macrismo tanto nacional como mendocino utiliza las herramientas del Estado  para acallar los reclamos de sus habitantes. La libertad de expresión queda relegada a una simple esperanza de ser alcanzada. (RU)

 

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La municipalidad sancionó en $53.400 a agrupaciones que cortaron Garibaldi y San Martín por los cambios en el Ejército. Además les sumó $13.350 por contaminación sonora.

La Municipalidad de Capital sancionó al SUTE, CTA, La Bancaria, Sadop y MTS, Anses, Movimiento Evita y Unidad Ciudadana con $53.400 a cada organización por los cortes de calle originados en Garibaldi y San Martín durante una manifestación que impidió el normal desarrollo del tránsito esta tarde. Además, se aplicó una multa por contaminación sonora de $13.350.

Los militantes protestaron contra el decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en diversas acciones de seguridad interna, entre ellas, la lucha contra el narcotráfico.

Esta tarde, cerca de las 19, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hizo presente en calle Garibaldi y San Martín donde se desarrolló una manifestación con corte de calles. Allí, inspectores del municipio le hicieron saber a los manifestantes que se encuentra vigente el Código de Convivencia en el cual se establece que las protestas deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas.

«La Municipalidad constató que los manifestantes estaban infringiendo el artículo 19 de la normativa por lo cual se aplicó una multa de $53.400 a cada organización. Asimismo, por generación de contaminación sonora recae una sanción de $13.350″, indicó la comuna en un comunicado de prensa.

 

FUENTE: Diario Mdz

https://www.mdzol.com/nota/806576-multa-de-capital-por-corte-de-calle-en-protesta-contra-macri/ 

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Desde que el macrismo gobierna en la Argentina, ha llevado a cabo un terrible proceso de endeudamiento que ya nos coloca entre los países que más deben (en diciembre de este año, el total de la deuda equivaldrá al 82,2% del PBI). Para colmo, el mismo gobierno cipayo abre las puertas a los grandes especuladores extranjeros para que se burlen de nuestra soberanía y saqueen nuestros recursos naturales. Veamos de qué manera el Presidente nos entrega a las garras de los usureros.

Podríamos mencionar numerosos ejemplos de entreguismo macrista, pero vamos a detenernos en uno de ellos, ocurrido en enero del año pasado. Por medio del Decreto 29/2017, el Presidente Macri estableció que los bienes del dominio privado del Estado (entre ellos los recursos hidrocarburíferos y mineros [1]) quedan excluidos de la defensa de inmunidad soberana ante cualquier reclamo que haga un acreedor extranjero en tribunales judiciales de Nueva York y de Londres. Esto quiere decir que Macri ha puesto como garantía de pago de la deuda externa a los recursos naturales. Para ser más claros, si la Argentina entra en default (lo cual es cada vez más probable considerando el endeudamiento record antes mencionado), los grandes usureros internacionales podrán reclamar en tribunales también extranjeros que se embarguen nuestros recursos naturales. Y bien sabemos que estos tribunales no tendrán ningún problema en fallar a favor de los especuladores; recordemos, por ejemplo, cuando los fondos buitre recurrieron a los tribunales de Nueva York y allí obtuvieron la respuesta favorable del juez Thomas Griesa.

En otras palabras, Macri decide someternos a las decisiones de la “justicia” extranjera y poner nuestros recursos naturales prácticamente como garantía de deuda. Un fondo buitre podrá reclamar, por ejemplo, que se le pague la deuda con acciones sobre el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Tanto es así que la Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría una declaración en contra del mencionado decreto, y solicitó al gobierno nacional que no excluyera a los recursos naturales de la defensa de inmunidad soberana [2].

La historia se repite

Esta burda entrega en bandeja de la soberanía a los grandes usureros no es cosa nueva. Macri es descendiente directo de una vieja estirpe de gobiernos vendepatria que a lo largo de nuestra historia se han beneficiado transando con la extranjería. Bien podemos remontarnos al año 1826 cuando, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, “todos los bienes, rentas, tierras y territorios” del país eran hipotecados como garantía del préstamo contraído con la Banca inglesa Baring Brothers. Cuatro décadas después, el entonces Presidente Bartolomé Mitre entregaba a las empresas ferroviarias británicas tres millones de hectáreas de tierras fértiles ubicadas a cada lado de las vías recién construidas. Como vemos, el saqueo de nuestros recursos naturales no sería tal de no ser por la colaboración de los Rivadavia, de los Mitre, de los Macri.

Los recursos naturales propios son un patrimonio invaluable e innegociable del pueblo argentino y latinoamericano. Su explotación y la justa distribución de su aprovechamiento nos corresponden. Por medio del Estado debemos protegerlos con estrictas medidas. ¿Qué cuidado ecológico genuino puede tener un megaempresario inglés, holandés o norteamericano sobre un territorio que no es suyo?. Ya no se trata solamente de impedir que la extranjería saquee lo que es nuestro, sino además de proteger nuestro espacio vital. Lamentablemente, la rosca cipaya a la que pertenece Macri no se detiene en su entreguismo constante.



Bibliografía y fuentes:

 

Decreto 29/2017. Publicado en el Boletín Oficial el día 11 de enero de 2017. Disponible en línea:  https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/157611/20170112.

Jorge Abelardo Ramos. La penetración europea. En: Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Tomo 2: Del patriciado a la oligarquía (18621904).

José María Rosa. Capítulo 4: La tierra hipotecada. En: Rivadavia y el imperialismo financiero.

 

[1] Según lo establece el artículo 236 del Código Civil y Comercial. Disponible en línea: https://www.codigocivilonline.com.ar/articulo-236/.

[2] https://www.pagina12.com.ar/39846-en-defensa-de-la-inmunidad-soberana.

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RU: Respecto al hecho de que se hayan postergado las elecciones del 22 de agosto en la CGT ¿Qué opinión tienen como sindicato?

MC: Es una barbaridad esto de la CGT,  lo digo porque lo he vivido muy directamente. El Sindicato de Prensa de Mendoza está en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en la FATPREN, donde se hacen congresos una vez al año. Hace dos años, allí se hicieron elecciones y se eligieron los delegados de FATPREN a la CGT. Yo estoy en esos delegados, voy a esos plenarios. Hemos tenido una lucha muy grande y también tenés luchas con tus compañeros de otros sindicatos de acá, porque hay gente que respeta la autoridad como…la autoridad, me estoy refiriendo a este famoso Triunvirato. Nosotros, cuando fue la elección de este Triunvirato que fue en Agosto ó Septiembre, hace dos ó tres años atrás; una de las cuestiones que reclamamos fue un plan de lucha para afrontar este ajuste, denunciar que venían por los convenios, que venían por la reforma laboral.

Queríamos que ese plan saliera de ahí, ese día. Nosotros no pertenecemos a la Corriente Federal, pero la Corriente Federal con Palazzo, estaban ahí también y lo reclamaron. No lo dejaron hablar a Palazzo, que justamente estaba pidiendo eso. Querían pasar directamente a la votación. Hubo que hacer un lío para que Palazzo pudiera hablar. Y en mi caso concretamente, tuve que pedir la palabra a los gritos para leer el comunicado de FATPREN y pedí un plan de lucha, movilizar las CGT Regionales, eso fue hace más de dos años.

Este Triunvirato, al fin y al cabo, fue empujado a realizar el último paro, a realizar una medida de fuerza y sin movilización. Tuvimos una discusión en CGT Mendoza, en donde había gremios como nosotros, que decíamos: “si ellos no hacen movilización, nosotros como CGT acá, tenemos que hacer movilización”. Finalmente no fue la posición de la mayoría, hay gente que directamente prefiere no generar una votación porque creen que es quebrar y bueno…no se hizo movilización, se hizo paro.

Creo que es una aislación el tema este de no renovar autoridades, creo que hay otra gente, como por ejemplo Palazzo, que quieren redefinir el perfil de la CGT, por lo menos un poco más combativo. No se ha hecho y creo que se deberían haber hecho. Este Triunvirato, insisto, convocó a este último paro porque se vieron empujados, obligados, ya no había margen para que no lo hicieran.

Respecto al tema de las paritarias, hay gente que directamente, como por ejemplo Caló, ni aparecen, ni salen a pelear, la otra vez dijeron que iban a pedir un incremento por encima del 15%, que arregló para la gente, y tienen una posición muy tibia. El ajuste está matando a los trabajadores y la CGT debería tener otra posición y realmente me parece mal que sigan tres personas que no están a la altura de las circunstancias, es terrible. Ante hechos evidentes, contundentes es indudable que hay tres personas pasivas, que están ahí y que hablan mucho, pero no encaran un plan de lucha para frenar esto, porque un paro cada tanto no es suficiente. Tiene que haber un plan de lucha.

En Francia con la reforma laboral, ¿Cuántos paros por tiempo indeterminado hubo? Creo que solamente algo así puede llegar a frenar este ajuste que quieren hacer ahora y que va a seguir el año que viene. Al fin y al cabo lo único que quieren es tener cuentas “sanas”, mostrar un equilibrio fiscal y la gente muriéndose de hambre, no hay otra alternativa. Por eso te digo que me parece mal que sigan de esta forma, gente que ha mostrado funcionalidades y condescendencia con un Gobierno que nos está matando.

 

 

 

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Mauricio Macri ya no es siquiera un “mal presidente”, su gobierno directamente se ha transformado en una administración semicolonial de los intereses de la extranjería materializados en el FMI que, como es de público conocimiento, está manejado por los Estados Unidos.

La historia se repite una vez más en la Argentina. Un gobierno de corte antinacional y antipopular endeuda sideralmente al país para garantizar el saqueo financiero. Luego se ajusta sobre los más humildes y desprotegidos. Se exprime al pueblo a más no poder y cuando ya no hay más jugo que sacar del limón, se rematan las joyas de la abuela: Los recursos naturales y las empresas del Estado.

Esto genera protesta social, manifestaciones, movilizaciones y marchas en defensa de los derechos arrebatados por estos delincuentes. Los argentinos y las argentinas defienden con orgullo lo que les pertenece.

Con la reforma de la doctrina de las Fuerzas Armadas Macri busca una represión eficaz para cumplir con los mandatos del FMI.

La función de las Fuerzas Armadas debe ser defender el interés nacional y a lo más importante que tiene una nación: Su pueblo. En cambio, esta reforma pone a las Fuerzas Armadas al servicio de Lagarde.

Mientras todo esto ocurre, en el ámbito universitario la Franja Morada (que tiene la presidencia de la FUA y de la FUCuyo) no se expresa en contra del tema, y si lo hace es con una enorme hipocresía porque continúan formando parte del gobierno. No criticamos que esta agrupación ocupe cargos y que, a pesar de las enormes injusticias cometidas por este gobierno, no decidan sacar los pies del plato. Nuestra crítica apunta a las mentiras de Franja Morada que sigue negando su vinculación con Macri frente al estudiantado.

A través de maniobras distractivas y de mentiras pretenden anestesiar al Movimiento Estudiantil paralizando y vaciando de contenido a los gremios. Parafraseando a Don Arturo Jauretche nosotros decimos que nuestra militancia es contra los intereses extranjeros que nos explotan, contra las minorías privilegiadas que nos entregan y las agrupaciones estudiantiles que nos desorientan.

La AUN (Agrupación  Universitaria Nacional) invita a todos los estudiantes de la UNCuyo y a la comunidad universitaria en general a movilizarse en contra del decreto 683/18 que le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos el día Jueves 26/07 a las 18hrs en el km0.

 

Lisandro Vergara – Secretario General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Agrupación Universitaria Nacional

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La rosca que se arma en torno al mundo de las finanzas, abarca los más disimiles negocios y personajes, por eso en este breve fragmento del libro” Argen Papers”, podemos enterarnos a partir de que negocios, los tres personajes mencionados en el título, se iniciaron en esto de tener cuentas offshore.

Al parecer una de las primeras offshore de la familia De Narváez, son producto de la venta de la empresa “Casa Tía”. Más allá de lo que plantea el libro, es interesante recordar quién es este Francisco, que hoy, ya no sale en televisión. Estimamos que, como el zorro debe haber perdido el pelo pero no las mañas.

El colombiano, fue Diputado Nacional en la Argentina, vinculándose a la política, entre otros, de la mano de Mauricio Macri. Vinculación que le debe haber facilitado algunos negocios. Ha sido denunciado por lavado de dinero e investigado por la “unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina declaraba que se estaba investigando operaciones sospechosas realizadas por el socio principal de Francisco de Narváez, Gustavo Andrés Deutsch, como presidente de la quebrada empresa aerocomercial Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA)”. El colorado era parte del directorio de LAPA.

Fue denunciado penalmente por Gabriel Mariotto, el Interventor del Comité Federal de Radiodifusión, por violar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Francisco ocultó su participación accionaria en América TV para eludir los alcances del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que prohibía expresamente que un legislador sea dueño de un medio de comunicación audiovisual.

También tuvo causas por estar vinculado al narcotráfico, particularmente de efedrina. En 2006 presentó una declaración jurada al Congreso en la que decía contar con un patrimonio de 120 millones, de los cuales 40 ó 50 los utilizó para financiar su campaña como Diputado en 2009. Entre otros delitos evadió impuestos.

El “Goyo” Pérez Companc, es miembro de una de las familias más acaudaladas de la Argentina, vinculadas a infinidad de negocios. Tiene un poco más de dinero en su cuenta que De Narvaéz, su fortuna se calcula en 1400 millones. “Su compañía también contribuyó a convertir a la Universidad Católica Argentina en uno de los principales centros educativos en carreras de grado”, pero su principal negocio en la Argentina es Molinos Rio de La Plata, del cual maneja el 73 % del capital accionario, es decir maneja monopólicamente gran parte de la producción, comercialización y distribución de los alimentos en la Argentina. Es decir gran parte de los 1400 millones que posee son financiados por los argentinos que consumimos marcas como: Granja del Sol, Exquisita, Lucchetti, Matarazzo, Preferido, Vitina, Cocinero, Lira, Blancaflor, Nobleza Gaucha, Favorita, Don Vicente, Chocoarroz, Nieto Senetiner, RucaMalen,Minerva, Gallo, Arlistán. Obviamente también exporta soja y derivados.

De los Bulgheroni sólo vamos a decir una cosa, constituyen en grupo petrolero privado más grande y segundo en el país, sólo detrás de YPF.

Los invitamos a leer el resto en el libro.

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Ley de aborto gratuito y su financiamiento

Escrito por Martes, 24 Julio 2018 22:51 Publicado en Opinión

COMPARTIMOS EL ANÁLISIS DE  ÁMBITO FINANCIERO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
 Más allá de la postura que se adopte frente a la ley de «Interrupción voluntaria del embarazo», conocida como ley a favor del aborto, con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, lo cierto es que la intención legislativa del aborto «gratuito» implica la necesaria intervención del Estado en una actividad que, hasta ahora, no había sido abordada por ningún gobierno(1) y obliga a ponderar la ineludible faz presupuestaria para su aplicación en el supuesto que sea sancionada. 

1| CARENCIA PRESUPUESTARIA

Un aspecto a destacar es que esta ley pasó al Senado de la Nación sin dictamen presupuestario y sin ninguna referencia a su financiamiento, motivo por el cual los fondos afectados a tal fin para el sector público tendrán que provenir de los recursos fiscales de las provincias, de la Caba e, inclusive, de los municipios. Si los diputados hubieran optado por un financiamiento a cargo del Estado Nacional, la propia Constitución Nacional los constituye como Cámara de origen frente a la iniciativa de leyes sobre «contribuciones»(2) de manera que estaban facultados para crear algún tributo destinado a la aplicación de esta novedosa ley. Sin embargo, nada dijeron y ahora el Senado de la Nación ya no puede hacerlo porque no tiene la iniciativa de las leyes en materia tributaria.

Entonces, frente a la omisión legislativa apuntada, las provincias, la CABA y, en algunas localidades, los municipios serán quienes tengan que afrontar los gastos derivados destinados a la ley nacional relativa al aborto. Un claro ejemplo legislativo en donde se precisaron los recursos fiscales afectados a su cumplimiento es la ley 25.673 (B.O.: 22÷11÷02) que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud y establece concretamente que la autoridad de aplicación debe suscribir convenios con las provincias y con la CABA para que cada una organice el programa en sus jurisdicciones para lo cual percibirán las partidas del Tesoro Nacional previstas en el presupuesto y, frente al incumplimiento, se cancelarán las transferencias acordadas. Es más, también dicha ley 25.673 determina que, en el marco del Consejo Federal de Salud, deben establecerse las alícuotas relativas a cada provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, señalando expresamente que el gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 80 — Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la Administración Nacional, invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones (arts. 11 y 12, ley 25.673)(3). Obviamente, hay ejemplos legislativos en donde nada se dice sobre el financiamiento como sucede con la ley 26.529 (B.O.:20/11/08) de Salud Pública(4) que sólo determina las autoridades de aplicación(5) pero omite la forma en que se financia. 

2| UNA CUESTIÓN A DILUCIDAR 

Hay un dato relevante para abordar el análisis de esta ley y es que nuestro país es federal. Por mandato constitucional, las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal(6) y, en particular en materia tributaria, la delegación a la Nación está limitada a los impuestos indirectos al consumo en forma permanente y en concurrencia con las provincias y a ciertos impuestos directos que se fijan transitoriamente en todo el país frente a determinadas situaciones extraordinarias (7). 

En síntesis, el financiamiento para la aplicación de la ley del aborto gratuito en el sector público quedará en manos de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios ante la falta de previsión legislativa en tal sentido. 

(1) Vale señalar que, para el derecho argentino actualmente vigente, la existencia de la persona humana comienza con la concepción de modo que tiene derecho a la vida a partir de ese momento, sin precisar semana de embarazo (art. 19, Código Civil y Comercial de la Nación –Ley 26.994; art. 2, Ley 23.849 –Aprobación de la Convención sobre los derechos del niño y Leyes 23.054 y 23.313 que aprueban la Convención Americana sobre Derechos –Pacto de San José de Costa Rica– y Pacto Internacional de Derechos Civiles, respectivamente).

(2) Art. 52, Constitución Nacional.

(3) Otro ejemplo de ley en donde fue previsto el financiamiento es la ley 26.061 (BO: 26÷10÷05) denominada Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes: ver su Título V.

(4) La ley 26.529 también es mencionada en la ley del aborto comentada.

(5) En la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local.

(6) Arts. 121 y 75, Constitución Nacional.

(7) Cuando la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan (art. 75 inciso 2, Constitución Nacional).
 
Fuente: ambito.com
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El éxodo estudiantil

Escrito por Martes, 24 Julio 2018 17:31 Publicado en Opinión

Los datos entregados por el director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal, son alarmantes y entristecen. Alrededor del 70 % los estudiantes que ingresan al nivel secundario no llegan en el tiempo estimado a terminar sus estudios, ya sea por repitencia o abandono. Son 57.000 los estudiantes del secundario los que abandonan sus estudios cada año, 167 al día. Ibarzábal comentó que “quienes cuentan con pocos recursos económicos son los que más dificultades tienen para finalizar los estudios”. En el caso de Mendoza el estudio muestra que son alrededor del 59,3 %.

En el caso de la Universidad los estudios de este tipo son escasos, ya sea por error u omisión, pero podemos suponer que no están tan alejados de la situación de los estudiantes del secundario. En este sentido es alarmante la quita en el presupuesto universitario nacional, un ajuste de este tipo se ve directamente relacionado con la disminución de ayudas que reciben los estudiantes por parte de las Universidades, para poder terminar sus estudios. Para este año el presupuesto es de 95.317 millones de pesos. Este presupuesto  aumentó  un 24,5 % con respecto al año anterior, pero aun así está muy por debajo de lo estimado por el INDEC, de lo que seríaal menos del 29,8% anualizado.

Hasta el 2019 el panorama no será mejor. En los últimos días el presidente Mauricio Macri decretó un congelamiento en las contrataciones de la administración pública en donde proponen ahorrar $ 20.000 millones. Vale aclara que esta medida se da en el contexto del acuerdo con el FMI, quien exige una disminución del déficit fiscal, vale decir que se traducirá en menos presupuesto para salud, educación, subsidios, obra pública, etc.

El decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y las Universidades Nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019. Lo que anticipa un despido de al menos 3.000 empleados contratados por medio de Asistencia Técnica, muchos de ellos estudiantes universitarios actualmente.

Está de más señalar que la actual situación económica argentina, que está diezmando a los sectores trabajadores, es la principal responsable de este éxodo estudiantil del sistema educativo. Muchos estudiantes de los distintos niveles han salido en búsqueda de trabajo por la necesidad de dinero en sus hogares, o simplemente a las calles por falta de trabajo y la imposibilidad de continuar con sus estudios. Mientras esto sucede, todos los días son cientos los estudiantes los que no pueden asistir a sus aulas.

Esta angustiante situación necesita ser afrontada de inmediato por los estudiantes en su conjunto, organizados en los distintos gremios de representación. Los reclamos de reformista del 18´ y sus herederos poseen en este contexto una vigencia total. En el Congreso nacional extraordinario de estudiantes de Peru, en el año 1945, estos hijos de la reforma cordobesa, sancionaron una resolución titulada “defensa económica del estudiante”1. Dicha resolución señala la necedad de:

1° Que en la Universidad reformada el estudiante debe ser un elemento dinámico, requiriendo en consecuencia las condiciones económicas que le permitan realizar este fin. 2° El estudiante que tenga la necesidad de trabajar debe contar con las facilidades que le brindan el Estado, la Universidad y demás instituciones del país. 3° El trabajo del estudiante debe estar perfectamente de acuerdo con la especialidad de su estudio. 4° El estado en sus diversas dependencias administrativas debe dar preferencia en la provisión de puestos a los estudiantes de acuerdo con su especialidad y teniendo en cuenta su horario de estudios. (…) 6° (…) debe tenderse por consiguiente a lograr el acceso a todas las clases populares a la enseñanza superior. “

En el contexto actual en donde cientos de estudiantes universitarios tienen la necesidad de trabajar,la implementación del Turno Noche de cursadotoma una importante relevancia. La aplicación del mismo le permitiría a cientos de estudiantes que hoy trabajan ya sea por la mañana y/o por la tarde, seguir cursando en el turno nocturno y de este modo no tendrían que ver trunco sus estudios por no poder asistir a las aulas.

Los estudiantes movilizados y organizados deben hacer frente al gobierno nacional para evitar que continúe este éxodo.

Referencias

http://www.unidiversidad.com.ar/desercion-escolar-156-alumnos-por-dia-dejan-de-cursar-la-secundaria

https://www.pagina12.com.ar/71937-el-detalle-de-los-recortes

https://revuniversitaria.com.ar/index.php/opinion/1824-oficial-por-decreto-macri-ajusta-el-estado-y-busca-ahorrar-mas-de-20000-millones

http://www.ambito.com/927759-la-inflacion-de-junio-se-disparo-al-37-el-nivel-mas-alto-en-dos-anos-la-nucleo-salto-al-41

1– Del Mazo, Gabriel. Estudiantes y Gobierno Universitario.Editorial: El Ateneo, 1946.Págs. 7375.

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Reproducimos a continuación el texto completo del Decreto 683/2108 que habilita a las FF.AA. a intervenir en conflictos interiores, modificando la función limitada a la defensa de la soberanía nacional ante intromisiones militares extranjeras, que la Ley de Defensa Nacional, sancionada durante el gobierno de Nestor Kirchner, les atribuía.

DEFENSA NACIONAL

Decreto 683/2018

DECTO-2018683-APN-PTE — Modificación. Decreto N° 727/2006.

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO las Leyes Nros. 23.554, 24.059, 24.948 y 25.520 y los Decretos Nros. 727 del 12 de junio de 2006 y 1691 del 22 de noviembre de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional regula una obligación esencial e indelegable del Estado, donde deben converger todos los esfuerzos necesarios para preservar los intereses vitales de la República.

Que tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y, en particular, de las FUERZAS ARMADAS para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros.

Que la disuasión es una de las formas a través de las cuales actúa y se expresa la Defensa Nacional.

Que la Ley de Defensa Nacional expresa claramente en su artículo 2° que aquella “…es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar.

Que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del ESTADO NACIONAL.

Que la Ley N° 24.948 establece como principio fundamental de la restructuración de las FUERZAS ARMADAS la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo y con fuerzas del ámbito regional y las de los países que integren contingentes de paz por mandato de las Naciones Unidas.

Que la necesidad de modificar la reglamentación existente de la Ley de la Defensa Nacional surge a las claras desde el mismo momento en que se observa que por un exceso reglamentario al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional.

Que, no obstante ello, esto no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior.

Que, en consecuencia, se trata de determinar las competencias de cada uno de esos sectores a los efectos de asegurar la protección de la soberanía e independencia de la NACIÓN ARGENTINA, su integridad territorial, sus recursos naturales, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes.

Que por tanto resulta menester entender como agresión de origen externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Que sin perjuicio de ello, toda actuación de las FUERZAS ARMADAS, deberá ser efectuada de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520.

Que, por otra parte, el artículo 31 de la Ley N° 23.554 establece que los integrantes del Sistema de Defensa Nacional identificados en el artículo 9 inciso g) de la citada Ley, desarrollarán el debido y permanente control y vigilancia de los objetivos estratégicos para la Defensa Nacional.

Que, en virtud de las diversas modificaciones normativas, la GENDARMERÍA NACIONAL y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA no dependen orgánica y funcionalmente del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que, en este marco, resulta necesario aclarar que la protección de aquellos objetivos estratégicos para la defensa Nacional será llevada a cabo por los integrantes del Sistema de la Defensa Nacional identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley N° 23.554.

Que, finalmente, como consecuencia de la presente reforma a la reglamentación existente de la Ley de Defensa Nacional resulta menester derogar la Directiva Sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas aprobada por el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de esta misión primaria no afecta lo dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.”

ARTÍCULO 2°. — Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 3°.- Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional. A tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520”.

En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

ARTÍCULO 3°. — Sustitúyese el artículo 23 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 23.- El EJÉRCITO ARGENTINO, la ARMADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional; el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas Fuerzas.

La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa.”

ARTÍCULO 4°. — Sustitúyese el artículo 24 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 24.- Las Fuerzas que conforman el Instrumento Militar tendrán por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar.”

ARTÍCULO 5°. — Incorpórase como artículo 24 bis del Decreto N° 727/06 el siguiente:

ARTÍCULO 24 bis.- El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley N° 23.554, a través de los integrantes identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley.”

ARTÍCULO 6°.- Derógase el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI — Marcos Peña — Oscar Raúl Aguad

e. 24/07/2018 N° 53292/18 v. 24/07/2018

 

Fecha de publicación 24/07/2018

 

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De «Ámbito Financiero»

La formación de activos externos de residentes se disparó 117,1% hasta los u$s 16.676 millones en el primer semestre, en comparación con igual período de 2017, según se desprende del Balance Cambiario de junio difundido este lunes por el Banco Central.

Se trata del monto acumulado más alto para dicho período desde la salida de la convertibilidad. Así, desde diciembre de 2015 hasta fines del mes pasado, la fuga de capitales ya superó los u$s 50.000 millones (u$s 50.799 millones).

En medio de la corrida cambiaria, la salida de divisas alcanzó en junio pasado los u$s 3.074 millones, un cifra que triplico lo registrado en mismo mes de 2017 (u$s 1.020 millones).

Sin embargo, respecto a mayo –primer mes completo de la «tormenta cambiaria»- la formación de activos externos bajó un 33,4% frente a los u$s 4.616 millones, monto mensual récord en la serie difundida por el BCRA (inicia en febrero de 2002).

La cuenta capital y financiera del «Sector Privado No Financiero» (SPNF) registró egresos netos por u$s 5.083 millones. Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.074 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 637 millones, detalló la autoridad monetaria.

En todo 2017, la fuga de capitales había alcanzado los u$s 22.148 millones, una cifra que solo fue superada en 2008, cuando se registró una salida de u$s 23.098 millones. De continuar la dinámica actual, en pocos meses se alcanzará un nuevo récord en el acumulado anual de la formación de activos externos de residentes.

Link de la nota: http://www.ambito.com/928345-la-fuga-de-capitales-se-duplico-en-el-primer-semestre-alcanzo-los-us-16676-millones

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LA UNIVERSIDAD ES UN DERECHO PRESIDENTE, NO UN PRIVILEGIO

Escrito por Lunes, 23 Julio 2018 20:32 Publicado en Opinión

Compartimos las declaraciones que Gabriela Diker, Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, le dedica a Macri en respuesta a sus dichos sobre la universidad pública en la red social Instagram.

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En medio de una crisis económica que había definido el día anterior como una “tormenta” y a veinticuatro horas de la llegada de Christine Lagarde a la Argentina, el Presidente de la Nación se tomó veinte minutos para responder preguntas que sus seguidores le hacían llegar en vivo a través de la red social Instagram. 

En ese intercambio, que entre otros temas versó sobre Shakira, Britney Spears, marcas de celulares, series de Netflix, comidas favoritas, y si prefiere Tita o Rodhesia, el Presidente de la Nación se refirió a las universidades públicas. Frente a una pregunta acerca de si hay algún plan para privatizarlas, respondió: “No, la verdad que no. Lo que sí, estamos trabajando con los rectores para que las universidades también, cada vez, entren en un proceso de mejora, mejora de la calidad académica, de la preparación de los alumnos, porque justamente necesitamos profesionales de calidad y aparte los que van a la universidad pública son bancados por todos los argentinos entonces necesitamos que también pongan lo máximo de ellos porque en el fondo es un privilegio, no? Poder llegar a la universidad en forma gratuita…”.

Como Rectora de una Universidad Nacional esta declaración me resulta, por muchas razones, sorprendente.

Quizás el Presidente desconoce que no existe ninguna instancia en la que el gobierno nacional esté trabajando con los rectores y rectoras del sistema universitario público en dirección al mejoramiento de la calidad académica.

Quizás el Presidente desconoce que recortar 3000 millones de pesos del presupuesto aprobado por Ley para 2018, retrasar casi seis meses las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento poniendo a algunas Universidades en el límite de poder sostener sus actividades, paralizar el desarrollo de la infraestructura universitaria destinada a aulas, talleres y laboratorios para la investigación y la enseñanza y deteriorar el salario de docentes y no docentes, no mejora la calidad académica ni la preparación de los estudiantes, sino todo lo contrario.

Quizás el Presidente desconoce que la paritaria salarial del personal no docente cerró en un 15% y que la paritaria salarial del personal docente aún no se ha cerrado y que los y las docentes de nuestras universidades sólo han recibido un 5% de incremento salarial, a pesar de que se acumula ya en lo que va del año un 16% de inflación y se espera que el año cierre con una inflación mayor al 30% (dato que supongo que el Presidente sí conoce bien).

Quizás el Presidente desconoce que como consecuencia de la paralización de las negociaciones paritarias con el sector docente decidida por su gobierno, todas las federaciones sindicales han anunciado como medida de fuerza el no inicio de las clases en el segundo semestre.

Quizás el Presidente desconoce que el Consejo Interuniversitario Nacional le ha hecho llegar a su Jefe de Gabinete, al Ministro de Educación y a la Secretaria de Políticas Universitarias, por nota primero y en una reunión luego, la preocupación de las autoridades universitarias por la situación crítica en la que se encuentran nuestras instituciones como consecuencia de las medidas tomadas por su Gobierno.

Y lo que me resulta más preocupante. Es evidente que el Presidente desconoce que la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que coorganizó el propio gobierno nacional junto con el CIN y la UNESCO, reafirmó en el mes de junio de este año en la Ciudad de Córdoba “el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados”. Y no sólo eso. La Conferencia expresó en el preámbulo de su declaración final que “estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”.

A cien años de la Reforma Universitaria no se puede seguir sosteniendo que la Universidad es un privilegio. La Universidad, señor Presidente, es un derecho de los individuos y de la sociedad. Cuenta Ud. con nuestra disposición para generar las políticas necesarias que lo garanticen.

 

Gabriela Diker

Rectora Universidad Nacional de General Sarmiento

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Compartimos la nota que fue publicada en “Noticias en Red”

El presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

En una carta de intención firmada el 29 de junio a la que accedió El Destape, el Gobierno autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al menos” el 51% del ARSAT 3 y también la autorizó a cambiarle el nombre.

La venta es ilegal: va en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015, que en su artículo 8 dicta que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que, de hacerse cambios en el esquema que propuso el kirchnerismo, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10. Pero, sin licitación ni consulta, se le cedió la producción y explotación del nuevo ARSAT a esta compañía, que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país y se podrá llevar al exterior los dividendos que se generen, que hasta ahora eran para financiar futuros satélites.

La venta es ilegal: va en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015

La fusión fue aprobada hace días en secreto por el director de ARSAT y yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo De Loredo, y los representantes de Hughes, quienes acordaron que a partir de ahora se cree una nueva empresa, llamada Newco.

Mientras que para la producción de los anteriores ARSAT se usó al menos un 30% de elaboración argentina, para el nuevo satélite se comprará tecnología a Estados Unidos, donde también se arbitrará en caso de litigio, como en el caso de los fondos buitre. La firma beneficiada por la compra de herramental, según dicta la carta de intención firmada hace dos semanas, es la norteamericana Thales Alenia Space.

 

Link de la nota: https://notienred.press/2017/07/16/macri-aprobo-su-primera-privatizacion-arsat-paso-ilegalmente-a-manos-norteamericanas/

 

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