Martes, 19 Septiembre 2017 13:12

¿Por qué las fotocopiadoras deben ser un servicio público?

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El servicio de fotocopiado en las universidades argentinas comenzó un lento proceso de tercerización a partir de la década de los 90´. La Ley N° 24.521, Ley de Educación Superior (LES), sancionada en aquellos años y vigente en la actualidad, habilita el “manejo descentralizado de fondos” por parte de las “unidades asistenciales” de la Universidad. Este fue el puntapié para que en el marco de un programa de privatizaciones llevado adelante por el gobierno nacional, ocurriera lo mismo con las fotocopiadoras y bufets de todas las universidades del país.

 

Los concesionarios privados, haciéndose del banco de apuntes de todas las carreras de cada una de las facultades, mantuvieron un mercado de estudiantes cautivo e impusieron el precio al material de estudio. Mientras ellos perseguían un lógico afán de lucro, a los estudiantes se les hizo cada vez más difícil conseguir sus apuntes para llevar sus estudios en tiempo y forma.

La Educación pública y gratuita no es tal si los estudiantes están condicionados a recibirse por el precio de los apuntes. Por estas razones, y entendiendo que el Estado debe ser el garante del derecho a estudiar, un proceso de recuperación de los servicios de fotocopiado en toda la Universidad argentina, legando su administración a los Centros de Estudiantes, sería beneficioso para toda la comunidad universitaria.

De esta manera, los gremios estudiantiles, contando con el apoyo político y financiero del Estado universitario, podrían reducir el gasto de los estudiantes en fotocopia. El ahorro generado sería destinado a subsidiar el precio para mantenerlo en márgenes racionales. Pero además, todo el excedente puede redistribuirse entre los estudiantes bajo diversos mecanismos: becas de diversa índole (fotocopias, ayuda económica, desayuno, transporte, campo de deporte, obra social estudiantil, etc.);  implementación de un Presupuesto Participativo con el cuál los estudiantes decidieran en que invertir el dinero recaudado; compra de bienes propios del Centro de Estudiantes al servicio del estudiantado, entre otras.

Todas estas victorias revalorizarían los gremios estudiantiles que son la primera herramienta con la que cuentan los estudiantes para hacer valer sus reclamos y defender sus derechos.  El banco de apuntes, recurso construido durante años a partir del aporte de docentes y estudiantes, no sería herramienta de lucro de nadie y su libre acceso es la democratización del acceso a la Educación.

La realización de la Fotocopiadora de los Estudiantes, resulta sencillamente justo. Pero la falta de voluntad política de los gobiernos universitarios, con el respaldo de la LES e inmutables ante el reclamo estudiantil, ha demorado este proceso. Solo son contados los casos en nuestra provincia dónde los Centros de Estudiantes ejercen soberanía a partir de administrar la fotocopiadora.

Por este motivo impera la necesidad de una política de Estado dirigida a devolverle las fotocopiadoras a la Universidad y esta, a los estudiantes. Solo así, a casi 70 años del decreto que declaró a la Universidad argentina libre de aranceles e irrestricta, podríamos estar refiriéndonos verdaderamente a una Educación pública y gratuita.

 

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