Lucia Fernandez– Lic. en Ciencias Políticas y Sociales

Después de una ajustada votación en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación y que garantiza el acceso al mismo a través del sistema de salud pública.

Esta legislación constituye un avance en la protección integral de la mujer en la medida en que busca igualar las condiciones de acceso a una práctica que, legalizada o no, ocurre todos los días y que en las condiciones actuales obliga a aquellas mujeres sin recursos a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras que conducen a complicaciones graves y en muchos casos a la muerte.

En los últimos años nuestro país había avanzado sustancialmente en el tema mediante la elaboración del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo fundado en el fallo de la Corte Suprema conocido como fallo FAL. Sin embargo, su aplicación efectiva se limita a un puñado de provincias y la posibilidad de exigir su cumplimiento se ve debilitada al no ser una ley votada en el Congreso.

Entendiendo que la legislación en discusión pretende atender un problema de salud pública que favorece la protección de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres de menores recursos, desde el Movimiento de Integración Nacional celebramos la obtención de la media sanción y esperamos su aprobación definitiva en la Cámara de Senadores.

Pero también debemos advertir que para que esta ley no se convierta, como tantas otras, en letra muerta es necesario exigir su plena aplicación mediante la asignación específica de presupuesto a través del Ministerio de Salud de la Nación y la formación de profesionales de la salud que estén en condiciones de brindar asistencia física y psicológica a las mujeres que requieran dicha práctica, velando por el cuidado de la salud integral de las mismas.

En el contexto de ajuste actual, con el FMI golpeando la puerta y las exigencias de reducción del gasto público que trae con él ¿alguien puede creer que este gobierno va a destinar recursos para que esta ley se cumpla? ¿El mismo gobierno que achica el presupuesto de los programas para combatir de la violencia contra las mujeres va a ampliar el presupuesto de los hospitales para garantizar el acceso al aborto seguro y gratuito?

No nos dejemos engañar por levanta manos en el Congreso ni por pañuelos verdes sobre peligrosas remeras moradas.  Una cosa es sancionar una ley y otra muy distinta es hacer que se cumpla. Macri ha dicho que no va a vetarla, como sí hizo al instante con la ley anti tarifazo, pero ¿la va a cumplir? También dijo que los trabajadores no iban a pagar más impuesto a las ganancias y ahora se los cobran hasta en el aguinaldo.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace inviable la aplicación de la ley por parte de este gobierno. Más allá de lo que digan los papeles, cualquier ampliación de derechos que se pretenda conquistar en el país requiere que nos saquemos al Fondo Monetario de encima, es decir que nos saquemos de encima a Mauricio Macri. Pronunciarse a favor del aborto gratuito y estar con Macri y con el Fondo es imposible. Es una contradicción o una mentira descarada.  

Por último, consideramos necesario señalar que la despenalización del aborto y su acceso gratuito vienen a resolver la expresión de un problema, no sus causas. Si realmente nos preocupa la emancipación plena de la mujer debemos preguntarnos porque muchas mujeres terminan recurriendo a la práctica del aborto.

Cualquier estudio serio que se lea sobre el tema llega a la misma conclusión: la principal causa de aborto inducido en América Latina son problemas y dificultades económicas, que se agudizan cuando las mujeres o la pareja no tienen los suficientes medios económicos o éstas carecen del apoyo familiar o del Estado para el cuidado de los hijos…”[1]

Para la mayoría de las mujeres recurrir al aborto no es de ningún modo una decisión libre, es la única puerta abierta frente al desamparo económico, social y cultural. Si continuamos en el camino del desempleo, el endeudamiento y el hambre, no haremos más que profundizar las injusticias. No puede haber mujeres libres en un pueblo oprimido. Lo que las argentinas y los argentinos necesitamos es retomar el sendero de la emancipación, recuperando la soberanía política con un gobierno popular, nacional y democrático. Sin ello no hay alegría posible.     

      

 



[1] http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2007/es/chapitre4/page2.html

Caputo: mentiroso y ladrón

Publicado en Opinión Martes, 13 Marzo 2018 13:41

La confirmación de Noctua Partners a la comisión nacional de valores de Estados Unidos sobre la participación directiva y accionaria de Luis Caputo, Ministro de Finanzas argentino, en dicha empresa hasta fines de 2015 dejó en evidencia la descarada mentira del funcionario.

Cornejo y sus pichones se cagan en las mujeres mendocinas

Publicado en Opinión Miércoles, 28 Febrero 2018 17:23

Aprovechando la cortina de humo que ha lanzado el gobierno nacional en medio de la discusión paritaria en todo el país y la caída estrepitosa de la imagen presidencial, el gobernador de la provincia, a través de su Ministra de Salud, deja a las mendocinas sin protocolo de aborto no punible.

El esclerosado gobierno de Macri está amenazado por un infarto. La información que manejamos nos hace suponer que va a hacer crisis muy pronto. Esto altera al presidente y sus esbirros que administran un medicamento para atenuar el síntoma estado de ánimo alterado: Valium. Pero las arterias están taponadas, la sangre no circula por el torrente sanguíneo de los argentinos, obstruido por bonos de deuda, intereses multimillonarios y puteadas en las canchas.

La renuncia del ahora ex funcionario Gilligan, después de que se le descubriera una cuenta en Andorra, paraíso fiscal europeo, en la que tenía depositados 1,2 millones de dólares de la empresa Line Action, de la que era accionista, pretende despegar al macrismo del delito de lavado de dinero. Marcos Peña miente descaradamente cuando afirma que no se trata de un caso de corrupción ya que no eran fondos públicos los que estaban depositados en el paraíso fiscal y que habían sido ocultados por el funcionario.

Line Action es una empresa británica que se dedica a la intermediación en la compra venta de jugadores de fútbol y su cuenta se nutría de fondos provenientes de transacciones realizadas en Uruguay. Es conocida la maniobra de triangulación que se realiza con clubes uruguayos con la finalidad de evadir el pago de impuestos correspondientes a dichas transacciones. El millón de dólares escondido en Andorra proviene de la evasión de impuestos argentinos, de plata que tenía que ingresar el Estado, o sea de fondos públicos que nunca ingresaron porque Gilligan se losafanó.

La pregunta obvia que nos hacemos es la siguiente: si Gilligan debe renunciar por esconder un milloncito de dólares, que para nosotros es una enormidad, pero para la guita que se mueve en el mundo de los bancos es una bicoca, ¿qué debería hacer el presidente que tiene acobachados, solo en la Bahamas, 18 millones de dólares? ¿Qué pasa con las, al menos, 50 sociedades offshore del grupo Macri? (1) ¿Qué hacemos con Caputo que se paga deuda a sí mismo? El chivo expiatorio que eligió el gobierno es un niño que se robó un caramelo en comparación con el presidente y su circulo íntimo. Mauricio Macri le viene robando a los argentinos desde que contrabandeaba autosen los años ’90. (2)

Los esbirros locales del hampa (3de las finanzas salen a la luz: son Macri y sus funcionarios. La mafia actual ha dejado atrás a los Al Capone y el contrabando de alcohol y otras baratijas. La ley seca hace mucho que no existe. La Cosa Nostra se viste de traje y corbata, se dedica al saqueo financiero de países enteros y su guarida son los paraísos fiscales.

No hay que ser un cientista social para vaticinar que después del mundial de Rusia acá puede pasar cualquier cosa. El ex ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, tratando de aliviar está agonía propone que el gobierno se vaya. Le dijeron, en el mejor de los casos, golpista. Debemos advertir que la Constitución Nacional contempla mecanismos para que hasta un oligofrénico pueda abandonar elegantemente su sitial.

Si a un infarto no lo cura un Valium, a este gobierno no lo salva un chivo expiatorio. Lo que esperamos es que nos salvemos los argentinos antes de que esto llegue a cirugía. Si hay quirófano hay sangre. No somos médicos; De la Rúa nos enseñó eso.


Referencias

(1) https://www.eldestapeweb.com/el-grupo-macri-tiene-50-sociedades-offshore-n23973

(2) https://www.lanacion.com.ar/53408-procesan-a-mauricio-macri-por-contrabando

(3) Hampa: conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual.

Desde el primero de agosto se han escrito ríos de tinta sobre las hipótesis del caso, los dichos, desdichos, idas y venidas de la encubridora e incompetente (hasta para encubrir) Patricia Bullrich, y cientos de declaraciones sobre el tema, o sobre la falta de ellas.

Entre tantos dichos, más de una vez, se ha comparado la desaparición de Maldonado con muchos otros lamentables casos de secuestros o desapariciones de personas, desde Julio López hasta el caso de la mendocina Yamila Subia. Muchas de esas comparaciones se realizan bienintencionadamente, ayudadas por la desinformación y confusión sembrada desde los medios de comunicación y desde el propio gobierno, quien pretende licuar su responsabilidad política, penal y humana; es la mala intención de éste lo que motiva la escritura de estos párrafos.

La naturaleza del caso Maldonado es completamente distinta a los otros, como lo son también sus consecuencias. No estamos hablando de un secuestro llevado adelante por una persona o incluso una banda organizada con fines ílicitos; se trata del uso por parte del gobierno del aparato represivo del Estado para, de mínima, ocultar lo ocurrido durante un procedimiento de represión ordenado por el poder ejecutivo nacional.

«No se trata de un secuestro ejecutado por una persona o una banda organizada, sino del uso por parte del gobierno del aparato represivo del Estado para, de mínima, ocultar lo ocurrido durante un procedimiento de represión ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional.»

En primer lugar, debe diferenciarse entre Estado y Gobierno. El Estado es un instrumento que se caracteriza por detentar el monopolio de los medios de coerción, es decir del uso de la violencia legal y legítima dentro de un determinado territorio, con la finalidad de garantizar la seguridad exterior (a través de las fuerzas armadas), e interior (mediante las fuerzas de seguridad). La Gendarmería Nacional es una fuerza intermedia, militarizada, que cumple funciones internas y colabora también con la seguridad exterior bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El uso que se haga de ese instrumento, es decir cómo y para qué actúan las fuerzas que lo componen, depende de la orientación y decisiones que tome el gobierno. A Maldonado no lo desapareció el “Estado”; lo desapareció (o asesinó) y lo encubre, el gobierno de Mauricio Macri, titular del poder ejecutivo nacional, quien delega en sus ministros (como Patricia Bullrich) funciones de gobierno de las que él es titular y responsable.

«A Maldonado no lo desapareció el “Estado”, lo desapareció (o asesinó) y lo encubre, el gobierno de Mauricio Macri.»

La gravedad del hecho, que desde hace treinta y cinco años creíamos erradicado de nuestro país, nos obliga a no errar en el fondo del asunto y sobre todo a no utilizar el legítimo reclamo y búsqueda de justicia de miles de argentinos y argentinas por sus seres queridos, que apoyamos y sentimos propio, para permitirle a Macri y Bullrich escapar a su responsabilidad.

Las maniobras escapistas están a la vista, desde las decenas de hipótesis sobre lo que ocurrió con Maldonado, hasta la búsqueda de un chivo expiatorio en la propia Gendarmería que se haga cargo individualmente de lo ocurrido. La gendarmería actuó en un operativo ordenado por Bullrich, todo lo que haya ocurrido en esas circunstancias es su responsabilidad y de su jefe.

La «desaparición forzada», carátula bajo la que se investiga el caso Maldonado, está caracterizada por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley, favoreciendo deliberadamente la impunidad de los autores materiales del crimen, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o grupo social al que pertenece la persona.

Cuando el aparato represivo del Estado se usa para perseguir, apretar e intimidar a la población y no para garantizar su seguridad y sus derechos nos encontramos frente a una vulneración tal del Estado de Derecho que tiende a paralizar a través del terror.

En situaciones de secuestro o desaparición de personas, es precisamente al gobierno a quien se recurre para que actúen las fuerzas del Estado (más allá de las justificadas críticas que se puedan hacer a su accionar). Pero cuando es el gobierno el que secuestra y oculta ¿a quién se recurre?

Lo de Maldonado no es un hecho aislado, ni un accidente, ni la consecuencia de que a alguien “se la haya pasado la mano”, como dice la cínica de Bullrich. Es la consecuencia directa del programa de ajuste de este gobierno que no cierra sin represión.

Deben aparecer los responsables materiales, intelectuales y políticos. Muchos argentinos y argentinas hemos crecido en un país en el que podemos decir, pensar y actuar sin miedo y pretendemos seguir haciéndolo. No podemos permitir que sea “normal” que alguien desaparezca en manos del aparato represivo del Estado. No importa quién sea, qué defienda ni qué haya hecho./