El avance sistemático contra la educación pública — Editorial

Días atrás, Macri decía algo que a algunos no nos sorprende y es que “hay una terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada y aquel que tiene que CAER en la escuela pública”. Sin embargo, el problema del deterioro de la educación pública es más profundo que las excusas que repiten una y otra vez sobre el ausentismo, la falta de infraestructura, de tecnología o de vocación por parte de los maestros que “hacen paro sin pensar en los chicos”. Decir esto sería no ver el panorama general que atravesó y en el que se encuentra la educación pública.

 

Ya en la dictadura cívico-militar del 76’, el país comienza un proceso de desindustrialización a través de la liberalización económica, la flexibilización laboral, la desregulación financiera, todo esto impuesto de afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo. Este proceso que duró, también en plena democracia, hasta el 2001 tuvo sus consecuencias en la educación pública que hoy vemos casi destruida.

Estas ideas, impuestas conforme a criterios de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, eran las supuestas “recetas” para transformarse en una economía desarrollada. Aunque es necesario entender que en un país semi colonial como lo es la Argentina, estas propuestas van en contra de fomentar un crecimiento industrial, técnico y educativo con desarrollo del mercado interno. Las grandes potencias necesitan de una Argentina agroexportadora y sin industria para que sigamos siendo su fuente de ingreso. ¿Qué mejor manera de hacer esto que convirtiendo la educación en una eficaz herramienta de dominación cultural cuando está inspirada en ideas ajenas al pensamiento nacional, en teorías extranjeras y autores desvinculados de nuestro pasado histórico y realidad actual?

Así es como luego de la reforma de la Constitución del 94’ surgen dos de los grandes obstáculos de la educación pública. Por un lado se descentralizan los servicios educativos, es decir que dejan de depender del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación para depender de cada una de las provincias. Por otro lado, se sanciona la Ley de Educación Superior N° 24.521, en la cual se pasa de tener la concepción de la educación como un derecho a ser un servicio, y no cualquier servicio, sino uno que se encuentra dentro de un plan de dominación extranjera, dirigido desde Washington, que tiene como uno de los pilares fundamentales la adaptación del sistema educativo a sus necesidades e intereses.

Con respecto al primer punto, es importante entender la influencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en lo que respecta a que el financiamiento de la educación recaiga en cada una de las provincias. Esta ley establece que de todos los impuestos recaudados a nivel Nacional se redistribuyan a cada provincia. Aunque a pesar que la ley establezca que el 56,66% del total va destinado a las provincias, la realidad indica que no es así. Hasta han llegado a percibir menos del 34%. Lo cual implica que los gobernadores de cada provincia deban salir a tomar deuda para poder cubrir sus gastos, como Cornejo que ha superado ampliamente la toma de deuda histórica de nuestra provincia con un endeudamiento externo de 500 millones de dólares y contando.

En consecuencia, la diferencia que hay en cada provincia a la hora de establecer el presupuesto educativo que cubriría desde infraestructura, tecnología, calidad, etc. hasta los mismos salarios de los docentes, se ve condicionada a la desigualdad regional que surge de la falta de modificación de esta ley.

Por otro lado, en el 95 se sancionó la Ley de Educación Superior, que bien decíamos tiene una concepción mercantilista de la educación, es decir, es un servicio. Entonces si se equipara al Estado con una empresa que provee mercancías, se espera que estas generen algún tipo de ingreso. Cuando no lo otorgan, se convierten en una carga para el Estado liberal que se pregunta si seguir sosteniendo este “mal necesario”.

No es casualidad que con el actual Gobierno Nacional, de indudables características liberales, esté llevando adelante un ajuste sobre la educación, que determina que la gran mayoría de las casas de estudio pongan en tela de juicio su normal funcionamiento. Su presupuesto se ha visto reducido debido a los incrementos en las tarifas de luz y gas; y el dinero no alcanza mantener las Facultades abiertas.

En conclusión, el deterioro de la educación pública no es consecuencia total del actual Presidente. Sino que durante los últimos treinta años del siglo XX se llevó adelante un plan para destruir la educación, que, como correa de transmisión de conocimientos, cosmovisiones, y criterios, se vuelve un elemento fundamental en la formación del pensamiento político, económico y social de quienes acceden al sistema educativo.

Aunque no podemos esperar que alguien que habla de “CAER” en la escuela pública, o de sus ministros o gobernadores que quieren quitarle la personería a los gremios docentes o multarlos por el simple hecho de llevar adelante un reclamo salarial digno; haga algo por la educación pública argentina.