LA EDUCACIÓN ARGENTINA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.

 

A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.

Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la Educación no fue una excepción. A dos días del golpe, Ricardo Bruera fue designado como Ministro de Educación y Cultura de la Dictadura. La concepción pedagógica de Bruera y sus colaboradores sostenía que debía existir una articulación entre la libertad individual y colectiva pero que ésta sólo era concretable a partir del establecimiento del orden. No sólo orden social sino un orden interno generado por un disciplinamiento externo y el autocontrol personal.

Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de el los elementos “subversivos”. Así, el Ministerio de Educación y Cultura, gestó la «Operación Claridad», se trataba de un plan a través del cual se pretendía identificar a los opositores al régimen en el ámbito cultural y de lograr la propugnada articulación entre libertad individual y colectiva a través del orden. En las instituciones educativas de los diferentes niveles de la escolaridad, centenares de docentes fueron cesanteados, inhabilitados para enseñar, perseguidos, desaparecidos y muertos. Lo mismo ocurrió con el estudiantado.

Para cumplir con este “objetivo”, se organizó un aparato de espionaje dentro de las instituciones de la educación –infiltrando estudiantes, colocando en los cargos directivos agentes de las fuerzas de seguridad, logrando la “colaboración” de docentes y estudiantes– para detectar y delatar a que fueran opositores a los lineamientos educativos planteados por la dictadura y, a partir de esos datos, incorporarlos en las llamadas “listas negras”.

Los sucesivos ministros –Bruera, Catalán, Llerena Amadeo, Burundarena y Liciardo– entendían que el ámbito de la cultura y la educación eran los más adecuados para que la subversión pudiera realizar su trabajo de captación ideológica. Por esa razón, trataron de ejercer un control estricto de esos dos ámbitos a partir de la producción de materiales que revelaran el accionar del enemigo y orientaran a los integrantes de la comunidad educativa para encarar la lucha contra él. La Resolución 538/77 firmada por el ministro Juan José Catalán expresaba que entre los Propósitos y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional se encuentra:

“[…] la erradicación de la subversión en todas sus formas. 
[…] la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de ésta. 
[…] Que el personal docente y directivo de establecimientos educacionales es el que, en definitiva, en forma directa, ejercita la transmisión de conocimientos y la conducción de los respectivos ámbitos. 
Que por tal motivo resulta necesario proveer a dicho personal de la mayor información para el cumplimiento de sus funciones y la delicada labor a su cargo”.

En consonancia con lo expuesto resolvía:

  1. El folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)” se distribuirá en todos los establecimientos educacionales […]”

Este folleto promulgado en 1.977, también establecía que los directivos serían los responsables de dar a conocer el contenido del folleto entre el personal docente y administrativo y que, en la medida en que fuera viable, su contenido se haría extensivo a los y las estudiantes. Los supervisores eran los encargados de velar por el cumplimiento de la resolución. Se pretendió infundir la idea de que la “guerra” contra la subversión se peleaba también en las instituciones educativas. En la aludida Resolución, se enumeran los argumentos utilizados por los subversivos para captar adeptos: que todos puedan estudiar; que no se atienden las necesidades estudiantiles; que no hay libertad de expresión ni diálogo; aumento del presupuesto educativo, entre otros. Todo estaba bajo control. Se realizaron purgas del material bibliográfico que circulaba en las escuelas porque las fuerzas de seguridad habían advertido que desde “páginas inocentes” en apariencia, objetiva o subjetivamente, se emitían mensajes contrarios a los “valores nacionales”. Fueron prohibidos, quemados, sacados de circulación muchísimos libros considerados “material subversivo”.

Todos aquellos materiales didácticos, actividades, estudiantes, y docentes que tendieran a generar la reflexión crítica; la democratización de los conocimientos; la reivindicación de la actividad política y de valores como la solidaridad, la libertad, la participación; eran incompatibles con los Objetivos del gobierno de facto y debían ser censurados, exonerados, encarcelados, desaparecidos, exiliados.

La política educativa implementada por la dictadura militar tendió al vaciamiento de los contenidos curriculares, redujo el presupuesto educativo en todos sus ámbitos, impulsó la privatización de la educación pública, la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades y militarizó la educación.