Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Compartimos el documento redactado por Ivana Cia, Secretaria de Bienestar del CECPyS y Consejera Directiva de la FCPyS y por Agostina Manchini, Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social. El mismo fue presentado en el «Conversatorio sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo: Reflexiones desde el Trabajo Social» organizado por la Dirección de Carrera.

Aporte para el análisis.

El debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina constituye una importante discusión que, habiendo pasado por la Cámara de Diputados afirmativamente, espera su definitiva sanción en el Senado. Eso mismo esperamos quienes escribimos este documento, SU DEFINITIVA SANCIÓN el próximo 8 de agosto.

Es de público conocimiento que en nuestro país mueren mujeres a causa del aborto clandestino, y que esa clandestinidad impide el avance en la protección integral de la mujer, en tanto y en cuanto recurre a una práctica en condiciones inseguras que pone en riesgo su salud y su vida. El agravante está en que son, particularmente, las mujeres de bajos recursos las que corren los peligros anteriormente nombrados, agregando al problema de salud pública también una cuestión social.

Tratar el tema con la responsabilidad que merece implica realizar algunas apreciaciones: la legislación en discusión pretende atender un tema de salud pública, allí el papel del Estado es imprescindible. En función de que la ley cumpla con el objetivo planteado, el Estado debe poner a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la real ejecución de la ley. En consecuencia, hay que exigir su plena aplicación mediante la asignación específica de presupuesto a través del Ministerio de Salud de la Nación y la formación de profesionales de la salud que estén en condiciones de brindar asistencia física y psicológica a las mujeres que requieran de dicha práctica, velando por el cuidado de la salud integral de las mismas. (1)

Por otro lado, es necesario comprender que, la sanción de la ley resuelve un problema pero no combate sus causas. Decíamos que la clandestinidad de esta práctica afecta, en especial, a las mujeres de los sectores más humildes. Si hay en la Argentina, mujeres que no pueden acceder a los bienes y servicios básicos; que carecen de trabajo; que cobran mucho menos en proporción a lo que cobra un hombre por desempeñar una misma tarea; etc. será estratégico plantearnos y reconocer que, en un país como el nuestro, la cuestión de género no puede plantearse en abstracto, está totalmente atravesada por clases sociales. Es decir, hay una opresión nacional, de clases sociales y de género. (2)

Con esta valoración, descontextualizar la situación actual sería un grosero error. Al día de la fecha, la Argentina se encuentra conducida por un gobierno que ejecuta un brutal ajuste para cumplir con las demandas del Fondo Monetario Internacional. El pedido de este organismo internacional de crédito es la reducción del gasto público. Allí se explica que miles de argentinos y ARGENTINAS se encuentren sin trabajo; que se haya reducido o quitado presupuesto para disponerlo en instituciones que actúan en la protección de mujeres víctimas de violencia de género; que la salud pública este sufriendo una suerte de privatización encubierta (CUS (3)), etc.

Del total del producto bruto interno (PBI), a diciembre de este año, un 82% estará comprometido en el pago de la deuda pública (4). Es inevitable preguntarse entonces, ¿es este gobierno el que va a garantizar la plena aplicación de la ley? Esta legislación pasó al Senado de la Nación sin dictamen presupuestario y sin ninguna referencia a su financiamiento, motivo por el cual los fondos afectados a tal fin para el sector público tendrán que provenir de los recursos fiscales de las provincias, de la Caba e, inclusive, de los municipios (5).

Sólo para citar un ejemplo, la provincia de Mendoza triplicó su deuda pública en dos años (un 45% es deuda tomada en dólares). Los impuestos más importantes en cuanto a su recaudación (Ingresos Brutos  e impuesto Automotor e Inmobiliario) no alcanzan ni siquiera a pagar los intereses de la deuda (6). ¿Cómo hará el gobierno provincial para garantizar la aplicación efectiva de la ley?

Constituye una ingenuidad creer que se cumplirá con la disposición legal sólo porque en su letra así lo exige. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace inviable la aplicación de la ley.

Bajo ningún aspecto, esta situación debe retrasar la sanción de la legislación. Pero sí debemos comprender que la garantía de la aplicación de esta ley no depende en su totalidad de la aprobación del Senado. Exigiremos su aprobación, pero no queremos que la ley muera a los pocos días.

En consecuencia, el problema es político. Y depende de la voluntad política del gobierno que conduce el Estado, de la concepción que éste tenga de la educación pública que formará los profesionales que intervendrán en la ejecución de la ley; de la concepción que tenga de la salud pública, si es un derecho al cual todos y todas debemos acceder o si es un privilegio para unos pocos; depende de la concepción que tenga de las mujeres, como parte fundamental de una sociedad o como variable de ajuste; etc.

Allí, desde el Trabajo Social, nuestra tarea es fundamental. Creemos que debe comenzar en plantearnos estas discusiones. Y como estudiantes y profesionales comprometidos con la justicia social poner todas nuestras herramientas al servicio de la lucha política como prerrequisito para hacer cumplir la ley sin desatender las causas que motivan a muchas mujeres a recurrir a la práctica de la interrupción de su embarazo. Bajo ninguna circunstancia podemos convertirnos en los voceros involuntarios del inevitable ajuste.

El compromiso empieza situado en la realidad Argentina y de América Latina. Pues no puede haber mujeres libres en un pueblo oprimido y mucho menos pueden tomarse decisiones libres en un mundo sin justicia social.

Referencias.