Rectores se reúnen con el gobierno por el ajuste a las universidades

La subejecución del presupuesto del Estado ha sido una de las formas de disfrazar el ajuste del gobierno de Cambiemos. Las universidades nacionales han bien sufrido no solo una fuerte reducción de los fondos anuales previstos (los $ 3.000 millones recortados hace dos meses son el ejemplo más cercano), sino que del presupuesto pactado han recibido menor cantidad de fondos.
 
La preocupación ha sido manifestada en reiteradas oportunidades por rectores, decanos, gremios docentes y estudiantiles de todo el país. Pero para algunos otros, defensores acérrimos ajuste, la situación es de «total normalidad». Caso del reelecto rector Daniel Pizzi, quien en campaña pretendía ignorar el fuerte desfinanciamiento a la Educación superior, alegando que en el caso de la UNCuyo el presupuesto había en efecto aumentado. Pizzi habiendo sido electo en dos oportunidades para gobernar una comunidad universitaria de más de 40.000 miembros, tiene la responsabilidad de denunciar el avasallamiento a las universidades de toda la Argentina. Pero prioriza la alianza que lo sostiene como rector (Interclaustro = Cambiemos) y por acción u omisión defiende los míseros ofrecimientos salariales a docentes; el cierre y arancelamiento de carreras; clausura de proyectos de investigaciòn, etc. (Revista Universitaria)
 
Soluciones no, promesas sí
 
Los rectores habían solicitado una audiencia ante los atrasos del Gobierno en el envío de fondos, la suspensión de obras y la falta de acuerdos paritarios. Peña y Finocchiaro les aseguraron que intentarán revertir la situación.

Casi un mes después de haber sido solicitada por los rectores universitarios, preocupados por los incumplimientos del Gobierno en materia presupuestaria y de obras comprometidas, finalmente ayer funcionarios del Ejecutivo concedieron una audiencia a las autoridades académicas. Pero no les dieron ninguna respuesta concreta y se limitaron a prometer mejoras futuras.

Los rectores de las universidades públicas se reunieron ayer con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. El encuentro había sido pedido por las autoridades de las universidades para revisar la difícil situación del sector.

Los funcionarios respondieron con buenos augurios y promesas a los planteos de los rectores que llevaron su inquietud por un conjunto de problemáticas: los retrasos en las transferencias de fondos para atender los gastos de funcionamiento y de la infraestructura universitaria, la suspensión de las nuevas obras de infraestructura que estaban programadas para el ejercicio 2018, las demoras oficiales en la recomposición salarial de los trabajadores universitarios, y el aumento de las tarifas de servicios públicos, que afecta al presupuesto de las casas de estudios. La reunión había sido solicitada por los rectores el 21 de mayo pasado, previo a la fuerte devaluación que en las últimas semanas sumó complejidad al panorama al que las universidades deben hacer frente con un presupuesto aprobado el año pasado, bajo el pronóstico ya abandonado por el mismo gobierno, de un 15 por ciento de inflación. A todo eso se suma la inquietud académica por el impacto que tendrá el ajuste comprometido por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional.

La comitiva, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que reúne a los rectores de universidades públicas nacionales, estuvo compuesta por su presidente y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, y por miembros de los dos bloques del consejo (peronista y radical): el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Tassara, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Aiassa, y el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama.

Luego de la reunión, Juri y Perczyk aseguraron que las autoridades nacionales se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para reducir los atrasos en las transferencias de fondos para atender los gastos de funcionamiento, que alcanza entre 4 y 5 meses, y a ejecutar el presupuesto 2018 y garantizar los fondos para el normal funcionamiento de las universidades en el presupuesto 2019.

Los rectores pusieron sobre la mesa la situación de la paritaria docente, que continúa sin acuerdo y cuya última oferta oficial fue de un 15 por ciento de aumento en cuotas. Los rectores destacaron la importancia que tiene para el sistema universitario el poder acordar los incrementos salariales con las representaciones gremiales de los trabajadores docentes y no docentes, que evalúan no iniciar el segundo semestre de clases si no se resuelve el conflicto y ya llevan sumadas más de 15 jornadas de paro en el año. Los funcionarios del Gobierno aseguraron estar trabajando en alternativas e insistieron en su voluntad de realizar un esfuerzo para lograr acuerdos.

El Gobierno también prometió dar respuesta a las universidades en relación al pedido de revisar la paralización de obras de infraestructura que rige desde principios de año.

Cada uno de estos aspectos es esencial para el correcto funcionamiento de las instituciones educativas. Entendemos su impacto en el presupuesto, pero las modificaciones en la situación macroeconómica del país traen aparejadas consecuencias sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales”, habían alertado los rectores al pedir la reunión (Página 12)