Aborto: ¿Maniobra distractiva de Cornejo? Parte II

Se torna necesario discutir en la Argentina el asunto del aborto teniendo en cuenta que la legislación vigente en todo país proviene de 1921. Ahora bien, el concepto de “discusión” parece no estar del todo bien entendido. Existe una exigencia social por un lado y, por el otro, posiciones tomadas sin ánimo de discutir el problema en lo más mínimo.

En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal no debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, con su declaración jurada basta. “De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud”[1].

A partir de este argumento, tres años más tarde, se logra actualizar la reglamentación sobre la materia y se fija en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, la no punibilidad del aborto cuando el embarazo represente un peligro para la salud o la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios o sea producto de una violación.

Es y ha sido responsabilidad del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo tanto nacional como provincial difundir, concientizar y, a partir de los medios de comunicación, propagandizar el protocolo, el cual significa un avance para los derechos de las mujeres. El problema radica justamente aquí, los responsables políticos de que se garanticen las condiciones para su efectiva implementación, se oponen. Este, entre otros casos, es el de nuestra Ministra de Salud, a quien le ha venido muy bien el próximo debate sobre el aborto para evitar argumentar el porqué, de su rechazo a la aplicación del protocolo en la provincia.

En sus últimas declaraciones Elisabeth Crescitelli, quien está al frente del Ministerio de Salud, confirmó, luego de haberlo discutido con Alfredo Cornejo, que la provincia no va a adherir al Protocolo del Aborto no Punible. Parece seguir correctamente los pasos de quienes pasaron desde el comienzo del mandato radical por ese Ministerio: Giacchi, (quien debió renunciar por ser denunciado de golpear a su mujer), no quiso aplicar el protocolo; Najul, quien se mostró a favor al principio e hizo campaña con ello, tampoco. ¿Por qué Crescitelli cambiaría el rumbo?

A pesar de que los radicales universitarios encolumnados en la Franja Morada se cansan de pasear sus pañuelitos verdes de aquí para allá, el resultado no ha cambiado: Mendoza sigue sin adherir al mismo. Cuando tienen el poder y la potestad de poner en práctica sus supuestas banderas, se las olvidan. Vamos a confesar una verdad: ya no los entendemos. Se enarbolan detrás del reclamo del Boleto Gratuito, sin embargo el pasaje mínimo de colectivo ha subido a $11. Dicen defender la Educación Pública y Gratuita y el gobierno del que forman parte ha recortado el presupuesto educativo. Son “feministas” y se niegan a otorgarles un derecho elemental a las mujeres.

Detrás de toda esa hipocresía y su incoherencia militante, hay dos razones que nos pueden ayudar a aclarar el panorama. La primera es que Macri siendo Jefe de Gobierno porteño también se enfrentó a la promulgación del aborto no punible. Y la segunda, es que no están de acuerdo políticamente con desafiar los intereses económicos que están detrás de la clandestinidad de esta práctica (aproximadamente se manejan unos 15 mil millones de pesos al año).

No pensamos  que el protocolo sea la política perfecta para la solución del problema que aqueja a cientos de mujeres que mueren al año por esta práctica, creemos que es un primer y gran paso su aplicación y adhesión en todas las provincias argentinas. Es el material que tenemos aquí y ahora para utilizar, no queremos que se convierta en letra muerta. Reclamamos que este debate se lleve hasta el lugar mas recóndito del país; audiencias públicas mediante, para que en profundidad se discuta una solución y no sea una mera maniobra distractiva del gobierno para hacernos creer por un ratito, que les importan nuestros derechos. 



[1] Ministerio de Salud de la Nación. 2015, “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Buenos Aires.