El día que la Universidad se hizo pueblo

Desde su comienzo, en la Universidad argentina han predominado aquellos sectores que defienden intereses en contra de las mayorías. Pero cabe destacar que hubo quienes lucharon para que aquella casa de altos estudios dejara en un segundo plano los intereses oligárquicos que primaban: el primer intento se dio con la Reforma Universitaria de 1918, producida con lo mejor del radicalismo revolucionario y popular, que dio vuelta al mundo conmoviendo los cimientos de una universidad que hasta entonces sólo era para las élites.

El segundo momento es el que marcó la gratuidad universitaria, establecida por una decisión del general Perón en 1949. Entendiendo que con altos aranceles en los estudios superiores solo podían acudir las clases sociales vinculadas a la oligarquía. Era imprescindible que el gobierno tuviese decisión política para lograr masificar la universidad.

 

Bajo el manto peronista, se sanciona el Decreto N° 29.337 del 22 de noviembre de 1949, suprimiendo el cobro de los aranceles universitarios y se expresa en el mismo, el carácter interventor del Estado sobre los estudios superiores para garantizar así, “el apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación”[1]. Es imperante recordar, que el mismo gobierno creó la Universidad Obrera Nacional (hoy UTN) , mediante la ley 13.329, y el que reemplazó el viejo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la debida jerarquía dentro del Estado. El impacto de estas decisiones en el marco de una política de inclusión e integridad se ve reflejado en el aumento de la matrícula universitaria, que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.

Luego de 46 años, se sanciona la Ley de Educación Superior impulsada por el menemismo. Esta ley, entre otras barbaridades, utiliza la palabra “servicio” para referirse a la educación superior, dejando de lado el carácter de este bien público como derecho y en bajo ningún aspecto establece su gratuidad. De hecho, legitima a las instituciones nacionales para “dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional”, en otras palabras, la posibilidad de arancelamiento.

En 2013, Adriana Puiggrós diputada nacional del Frente para la Victoria, presenta un proyecto bajo el título “Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior” que pretende modificar algunos puntos decisivos de la ley menemista. Las principales modificaciones fueron: reafirmar la responsabilidad principal del Estado, establece la gratuidad de la Educación superior de grado, el ingreso irrestricto y la obligación de las universidades de rendir todos los recursos (presupuestarios y originados por el propio producido) ante la Auditoría General de la Nación.

La alianza Cambiemos, en la Cámara de Diputados, votó en contra esta modificación ese mismo año. Pero en 2015, el Senado Nacional le otorga la media sanción faltante a la Ley. Michetti se retiró de la sesión al momento de votar. Por su parte, los miembros restantes de su bancada se quedaron en el recinto y no tuvieron otra que votar a favor. Sin embargo, la modificación de la ley aún no ha sido reglamentada y el Ejecutivo puede “cajonearla”, impidiendo así, su puesta en práctica.

No es casualidad que el gobierno nacional y todas las expresiones del macrismo y su pata universitaria, la Franja Morada, esté en desacuerdo con la Universidad pública y gratuita.

Desde la Secretaría de Políticas Universitarias, integrada por militantes de la agrupación Franja Morada, durante los últimos dos años se ha reducido y subejecutado el presupuesto universitario, se han arancelado carreras, se han cerrado turnos de cursado y proyectos de investigación, los ofrecimientos salariales a los docentes han sido miseros, la gendarmería ingresa a las aulas, entre otras atrocidades. Esta es la concepción de la Universidad que tienen los abanderados de la “Educación pública siempre”

En una Argentina donde vemos vulnerado el Estado de Derecho a partir de la desaparición forzada de personas, donde el salario y las jubilaciones son la variable del ajuste, donde la deuda externa representa un 58% del PBI, ahora, con la democratización y el cogobierno alcanzado por la Reforma del 18’ y la gratuidad universitaria impulsada por el peronismo, no alcanza. La reforma integral de los planes de estudios con contenido nacional y el turno noche de cursado para que los trabajadores puedan acceder a un título de grado, se torna imprescindible para que estos asuntos antes mencionados, se debatan en las aulas. Es por ello que la acción conjunta de los gremios de los trabajadores de la Educación y estudiantiles, pueden ponerle un freno a este avasallamiento de aquellos derechos que ya forman parte de la cultura política de los argentinos y las argentinas.



[1] Decreto N° 29.337 – 22 de noviembre de 1949