Reforma laboral para más deuda

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, del cual solo consta un borrador del proyecto de ley, implicaría un retroceso en materia de legislación laboral a etapas previas del surgimiento del peronismo, y en algunos aspectos, a mitad del siglo XIX.

 

Como punto de partida modifica la concepción jurídica del trabajo, establecida en el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo.[1] La legislación entorno a la relación asimétrica entre el empleador y el asalariado dio nacimiento al Derecho Laboral. En nuestro país, surge con el Código de Trabajo de Joaquín V. González (1904) que reconoce un conjunto de derechos fundamentales de los trabajadores que luego sería universalizados por el peronismo.

En su lugar se establece una relación de “cooperación” entre el empleador y el asalariado.[2] El objetivo último es el de la liberalización de las fuerzas de la producción y del trabajo (…) que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas.

Sobre esta base se llevarán adelante las reformas. Señalaremos las más destacadas (grotescas):

1)      El blanqueo laboral es una nueva estatización de la deuda de los privados. Aquellos que durante décadas hubieran mantenido a sus trabajadores en negro, debiendo durante todo este tiempo haber tributado al Estado en concepto de cargas patronales, pueden sacar a sus empleados de la informalidad sin ninguna clase de sanción penal o monetaria.  Además de que se le reconocen al trabajador solo cinco años de aportes jubilatorios.[3]

2)      La reducción de las cargas patronales por medio del establecimiento de un mínimo no imponible para salarios de $12.000 en bruto pretende fomentar la inversión y la registración laboral.[4]  Vale señalar que en la Argentina la mitad de los trabajadores cobra por debajo de los $9.000; es decir que serán menos los empleadores que deberán aportar al Estado. Es por eso que la contracara de esta medida es el desfinanciamiento del ANSES.

3)      Extensión de la jornada de trabajo hasta 10 horas y eliminación de las horas extras. Lo que se trabajó de más lo devuelven otro día.

4)      Se reduce el monto de las indemnizaciones y se facilita el despido al crear un Fondo de Cese Laboral, el cuál financia el pago del preaviso y del despido sin causa. No se contabilizarán más que las horas que rigen por contrato al momento de determinar la suma de la indemnización  (fuera horas extras).

5)      Se crean nuevas categorías laborales excluidas del régimen de contrato de trabajo, como el de “trabajador independiente” o “trabajador autónomo económicamente  dependiente”.  Sin legislación que los ampare, se anticipa mayor precarización. Fomenta las pasantías (sin remuneración ni derechos laborales) en competencia directa con el asalariado.

6)      Se revoca la irrenunciabilidad de los derechos. Un trabajador (quizá por presiones del empleador) puede renunciar a sus derechos individuales reconocidos por ley. Por ejemplo, trabajar mayor cantidad de horas o percibir un salario inferior.

7)      Elimina la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo alteradas unilateralmente por el empleador (ius variandi) en caso de que carezcan de razonabilidad, funcionalidad o indemnidad del trabajador. Es decir, que sean abusivas. Habilita de esta manera la posibilidad de emplear a un mismo trabajador en distintas etapas de la cadena productiva (polivalencia funcional), forma de organización previa a la Primera Revolución Industrial.

Este rosario de medidas fue aplaudida por los viejos conocidos del FMI, quienes se encuentran auditando las cuentas del Estado argentino por primera vez desde hace años. Se anticipa que en caso de un visto bueno del Fondo, se le permitiría a la Argentina seguir tomando deuda a una tasa más favorable. “Mientras la Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda” anticipó Macri en su discurso.

El encuadramiento del gobierno con las exigencias de los organismos internacionales de crédito tiene antecedentes en la Argentina durante los gobiernos de la dictadura cívico militar, Alfonsín, Menem y De la Rúa. En todos los casos, ante la necesidad de acceder al endeudamiento externo para mantener a flote el gobierno, aunque sea unos meses más, derechos fundamentales que ya forman parte de la cultura política del pueblo argentino fueron arrojados por la borda. La recuperación del debate público sobre estos es la única posibilidad de ponerle un freno a este avasallamiento.

FUENTES:

-          Principales lineamientos del proyecto de reforma laboral. Centro Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Noviembre 2017.

-          Borrador de proyecto de ley sobre la Reforma Laboral.



[1] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/25552/texact.htm

[2] Indudablemente los redactores del proyecto de reforma laboral no han trabajado nunca en su vida.

[3] Los fondos de la Seguridad Social en la Argentina (jubilaciones, seguros de desempleo, licencias, subsidios por discapacidad, etc.) son administrados por el ANSES. Su financiamiento consta de los aportes de los trabajadores, deducidos de sus salarios, y de los empleadores, deducidos de sus ganancias.

[4] En los 90´ las contribuciones patronales disminuyeron de un 33% al 17,8%. Sin embargo, la desocupación y el empleo en negro crecieron enormemente.