La desaparición forzada de Maldonado y sus comparaciones Destacado

Desde el primero de agosto se han escrito ríos de tinta sobre las hipótesis del caso, los dichos, desdichos, idas y venidas de la encubridora e incompetente (hasta para encubrir) Patricia Bullrich, y cientos de declaraciones sobre el tema, o sobre la falta de ellas.

Entre tantos dichos, más de una vez, se ha comparado la desaparición de Maldonado con muchos otros lamentables casos de secuestros o desapariciones de personas, desde Julio López hasta el caso de la mendocina Yamila Subia. Muchas de esas comparaciones se realizan bienintencionadamente, ayudadas por la desinformación y confusión sembrada desde los medios de comunicación y desde el propio gobierno, quien pretende licuar su responsabilidad política, penal y humana; es la mala intención de éste lo que motiva la escritura de estos párrafos.

La naturaleza del caso Maldonado es completamente distinta a los otros, como lo son también sus consecuencias. No estamos hablando de un secuestro llevado adelante por una persona o incluso una banda organizada con fines ílicitos; se trata del uso por parte del gobierno del aparato represivo del Estado para, de mínima, ocultar lo ocurrido durante un procedimiento de represión ordenado por el poder ejecutivo nacional.

«No se trata de un secuestro ejecutado por una persona o una banda organizada, sino del uso por parte del gobierno del aparato represivo del Estado para, de mínima, ocultar lo ocurrido durante un procedimiento de represión ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional.»

En primer lugar, debe diferenciarse entre Estado y Gobierno. El Estado es un instrumento que se caracteriza por detentar el monopolio de los medios de coerción, es decir del uso de la violencia legal y legítima dentro de un determinado territorio, con la finalidad de garantizar la seguridad exterior (a través de las fuerzas armadas), e interior (mediante las fuerzas de seguridad). La Gendarmería Nacional es una fuerza intermedia, militarizada, que cumple funciones internas y colabora también con la seguridad exterior bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El uso que se haga de ese instrumento, es decir cómo y para qué actúan las fuerzas que lo componen, depende de la orientación y decisiones que tome el gobierno. A Maldonado no lo desapareció el “Estado”; lo desapareció (o asesinó) y lo encubre, el gobierno de Mauricio Macri, titular del poder ejecutivo nacional, quien delega en sus ministros (como Patricia Bullrich) funciones de gobierno de las que él es titular y responsable.

«A Maldonado no lo desapareció el “Estado”, lo desapareció (o asesinó) y lo encubre, el gobierno de Mauricio Macri.»

La gravedad del hecho, que desde hace treinta y cinco años creíamos erradicado de nuestro país, nos obliga a no errar en el fondo del asunto y sobre todo a no utilizar el legítimo reclamo y búsqueda de justicia de miles de argentinos y argentinas por sus seres queridos, que apoyamos y sentimos propio, para permitirle a Macri y Bullrich escapar a su responsabilidad.

Las maniobras escapistas están a la vista, desde las decenas de hipótesis sobre lo que ocurrió con Maldonado, hasta la búsqueda de un chivo expiatorio en la propia Gendarmería que se haga cargo individualmente de lo ocurrido. La gendarmería actuó en un operativo ordenado por Bullrich, todo lo que haya ocurrido en esas circunstancias es su responsabilidad y de su jefe.

La «desaparición forzada», carátula bajo la que se investiga el caso Maldonado, está caracterizada por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley, favoreciendo deliberadamente la impunidad de los autores materiales del crimen, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o grupo social al que pertenece la persona.

Cuando el aparato represivo del Estado se usa para perseguir, apretar e intimidar a la población y no para garantizar su seguridad y sus derechos nos encontramos frente a una vulneración tal del Estado de Derecho que tiende a paralizar a través del terror.

En situaciones de secuestro o desaparición de personas, es precisamente al gobierno a quien se recurre para que actúen las fuerzas del Estado (más allá de las justificadas críticas que se puedan hacer a su accionar). Pero cuando es el gobierno el que secuestra y oculta ¿a quién se recurre?

Lo de Maldonado no es un hecho aislado, ni un accidente, ni la consecuencia de que a alguien “se la haya pasado la mano”, como dice la cínica de Bullrich. Es la consecuencia directa del programa de ajuste de este gobierno que no cierra sin represión.

Deben aparecer los responsables materiales, intelectuales y políticos. Muchos argentinos y argentinas hemos crecido en un país en el que podemos decir, pensar y actuar sin miedo y pretendemos seguir haciéndolo. No podemos permitir que sea “normal” que alguien desaparezca en manos del aparato represivo del Estado. No importa quién sea, qué defienda ni qué haya hecho./

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