El país, Latinoamérica y el Mundo

(Ámbito Financiero)

 

El fiscal federal Federico Delgado dio impulso a la denuncia contra el presidente Mauricio Macri y su gabinete por el acuerdo firmado con los fondos buitre y reclamó la apertura de una profunda investigación judicial.

Delgado dio curso este martes a la presentación de la asociación civil Instituto Arturo Sampay, quien a través de sus abogados, advirtió que ese convenio podría disparar demandas de los holding por más de u$s 384.000 millones, el equivalentes a la totalidad del PBI argentino.

Si bien el fiscal aceptó abrir la pesquisa, ahora el trámite denuncia queda en manos del juez federalSebastián Casanello. La denuncia también alcanza a senadores y diputados nacionales, que puedan haber tenido «autoría o participación» en la negociación.

La demanda fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del Instituto Sampay por los supuestos delitos de «traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», informaron fuentes judiciales.

En un documento que se adjunta a la denuncia advierte que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en u$s 384.000 millones, considerando eventuales demandas de los bonistas que participaron del canje en el 2005 y el 2010«Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por u$s 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, u$s 30.000 millones», explicó el fiscal.

«Si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas», añadió.

Según dijo Barcesat, la presentación es una «acusación penal con las figuras de traición a la Patria, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, su gabinete y contra todo diputado o senador que de voto positivo a un acuerdo espurio» en el Congreso.

Entre otras medidas, Delgado pidió al juez que requiera los documentos que hayan estado «directa o indirectamente» relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo. 

Además, reclamó a Casanello que «con la premura del caso» libre «una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los “fondos buitre», ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo», según el dictamen. 

El fiscal requirió asimismo que se encomiende «también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154″.

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Frente a la discusión, en el Congreso de la Nación, de las leyes que le permitirán al gobierno de Mauricio Macri cerrar el acuerdo con los Fondos Buitres y re-endeudar al Estado, poniendo en tela de juicio la soberanía nacional y las posibilidades de desarrollo de nuestro país y sus futuras generaciones, convocamos a los mendocinos a manifestarse en Peatonal y San Martín.

Centro de Estudiantes Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

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Frente a la sesión en el Congreso que el día de hoy se está llevando a cabo para discutir la derogación de dos leyes vinculadas al acuerdo con los buitres, desde la Agrupación Universitaria Nacional rechazamos desde ya cualquier medida que beneficie a los fondos especulativos extranjeros que pretenden poner nuevamente de rodillas a nuestro país.

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“El grado de justicia de una sociedad, debe medirse por el grado de emancipación de la mujer” — Charles Fourier–

Recordando el viejo apotegma nos preguntamos cuáles son las tareas pendientes de nuestra sociedad para conquistar la necesaria liberación de las mujeres.

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Mientras unos pocos se dan el gusto de almorzar en los salones de lujo de las clases dominantes, otros pelean por tener algo que comer en sus mesas.No son mendigos, son trabajadores a los que llegar a fin de mes se les hace cada vez más difícil (con una inflación galopante que ronda el 40% sólo en el 2016) y a los que la propuesta salarial del cornejismo les parece un chiste de mal gusto.

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Hace unas semanas, precisamente el 18 de febrero, Mauricio Macri anunciaba una modificación en el Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, aquel que recae sobre el salario. Lejos de la tan esperada noticia de una modificación en las escalas, que había sido una de las principales promesas de campaña del bailarín, la medida terminó significando una mínima reducción en el monto que pagaban algunos trabajadores y el alcance de este impuesto a  220.000 nuevos trabajadores y 110.000 jubilados(1).  Veamos en profundidad:

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En julio del 2014, Perú conocía la existencia de una nueva Ley Universitaria muy  controvertida y tan ambivalente como la presidencia en la cual se sancionó: la de Ollanta Humala, quien llegó al poder con el discurso de acabar con la economía neoliberal en Perú pero luego dio un gran giro, al pretender promover la inversión privada extranjera, acercarse a los empresarios y evitar las adaptaciones de las legislaciones laborales.

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