El país, Latinoamérica y el Mundo

A mediados del siglo XX, en la pequeña isla habanera, 2.500.000 almas, de las 6.000.000  que allí habitaban, carecían de lo indispensable. Millones de ellos no poseían un techo y muchos más eran analfabetos. Eran cientos los campesinos sin tierras, mientras las mismas eran repartidas entre oligarcas y extranjeros. La falta de un buen servicio de salud se llevaba la vida de cientos de niños al año. La persecución política y un ejército corrupto recorrían las calles. Aquellos que trabajan en las pocas industrias que había eran humillados y explotados. La Habana se había convertido en el casino-prostíbulo de los yanquis. Y en eso… llegó Fidel

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La vida y obra de Monteagudo resume el trayecto político de la generación de la independencia. Su trágico final ejemplifica el destino de una camada de revolucionarios latinoamericanos apasionados con la idea de unidad e independencia de estas tierras como forma de ser libres. Su final es trágico, no solo porque muere asesinado en Lima a la edad de 35 años, sino porque las generaciones actuales de argentinos desconocen su existencia. Se nos priva de esta manera de contar con un arquetipo de revolucionario cuyo pensamiento, traducido a las circunstancias actuales, puede ser un faro que ilumine el camino de regreso al proyecto sanmartiniano y bolivariano de Patria Grande.

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El día de hoy se renovaron las autoridades de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), consiguiendo la victoria el Frente Patriótico Milagro Sala, integrado por distintas agrupaciones del campo nacional. La victoria en la Federación desplazó de la conducción al frente Patria Grande integrado por La Mella, el PO, el PCR y otras fuerzas de izquierda. Este frente venía debilitado por reyertas internas que se habían generado a partir del ballotage presidencial del año pasado, donde un sector decidió apoyar a Scioli (La Mella) y otro llamo a votar en blanco (Frente de Izquierda).

En el congreso de la federación se habían armado dos bloques de 52 congresales, por un lado el peronismo y por otro La Mella junto con agrupaciones de izquierda, exceptuando al PO y otras fuerzas que habían dejado el espacio. Franja Morada contaba con 42 congresales, sin posibilidad de sumar más fuerzas y desde La Mella aseguran haber recibido la propuesta de recibir estos votos para que no se impusiera el peronismo. Sin embargo el frente decidió no aceptar los votos del radicalismo.

Desde La Mella aunque decidieron no aceptar los votos, increparon al sectarismo del PO de no votar por su frente cuando se produjo el empate técnico, a su vez, desde el PO aseguraron que La Mella entregó la federación como “prenda de cambio” para obtener lugar en el Frente Ciudadano en 2017.

Por otro lado, luego de la victoria kirchnerista, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente en un acto universitario para hablar sobre la juventud universitaria y la importancia de la unidad obrero-estudiantil para lograr la participación del movimiento estudiantil en los problemas que aquejan no solo a los universitarios, sino al país en general.

A su vez hizo mención de la necesidad de abrir la Universidad a los trabajadores y la necesaria participación de los gremios estudiantiles para lograr esto. Discusión planteada también en la Federación Universitaria de Cuyo con la incorporación de los centros de estudiantes de las universidades privadas, estudiantes excluidos de la universidad pública debido a la falta de oferta educativa, la falta de un turno noche que permita a quienes trabajan poder asistir a la misma, entre otras cosas y a su vez los obliga a pagar una cuota de una universidad privada para engordar los bolsillos de quienes lucran con la educación mientras con sus impuestos financian la educación pública.

A pesar de las agrupaciones que se oponen a esto como la Franja Morada creemos que es una discusión que se debe seguir dando para lograr una universidad abierta a los trabajadores y al servicio del pueblo argentino. 

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En conmemoración de los 90 años del Jefe de la Revolución Cubana, compartimos con nuestros lectores una síntesis de uno de los discursos más trascendentes del pensamiento nacional latinoamericano: “La Historia Me Absolverá”. En el mismo, Fidel describe y argumenta (de modo impecable) el asalto al Cuartel Moncada, los sucesos que lo motivaron y las calumnias que se desprendieron contra él para deslegitimar la insurrección del pueblo cubano y su líder en la búsqueda de una sociedad más justa.

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Los argentinos no paran de sorprenderse de las barbaridades que se le oye decir cada vez que abre la boca. Pareciera que no le alcanza con las medidas económicas y políticas que ha tomado con sus CEOcratas, condenando a la Argentina a la dependencia, el desempleo y la miseria. ¡Pareciera una tomada de pelo! ¡Mauricio Macri siempre tiene un remate tragicómico (más trágico que cómico)!.

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Desde Revista Universitaria compartimos el siguiente texto de Atilio Borón, publicado hace más de un mes, donde describe la situación política en Venezuela y los intentos por parte de Estados Unidos y sus aliados internos en el país centroamericano para terminar con la Revolución Bolivariana; en clara sintonía con las acciones llevadas adelante en toda la región para acabar con los gobiernos que defendieron el interés nacional frente al Imperialismo.
 
 
Desde sus orígenes el proceso bolivariano fue identificado por Washington como una excrecencia que debía ser rápidamente removida del hemisferio. Intentó por todos los medios pero nada resultó: ni el golpe de estado, ni el paro petrolero, ni el acoso diplomático, político y mediático rindieron sus frutos. En el terreno electoral el predominio de Chávez era aplastante: resistía a pie firme los embates y su pueblo lo seguía con entusiasmo. La Casa Blanca escaló la agresión una vez desatado el lento pero implacable asesinato por etapas del Comandante. Y después de su muerte la ofensiva asumió características aún más brutales. Todo discreción fue dejada de lado: bandas mercenarias del uribismo entraron a sembrar violencia y muerte por todo el país, como hoy lo hacen los “mareros” que a diario (¡sí, a diario, según me informara una alta fuente oficial de El Salvador!) Obama suelta de las cárceles norteamericanas para enviarlos, con todos sus papeles en regla, a ese sufrido país centroamericano para que siembren el caos y la destrucción. Se intensificaron los esfuerzos para “fortalecer a la sociedad civil” con millones de dólares para fabricar o alquilar políticos de opereta (Capriles, López, Ledesma, etcétera); periodistas otrora ciegos ante los estragos de la corrupción e intelectuales desilusionados porque el “pueblo” que anhelaban redimir no era blanco como los obreros polacos de Lech Walesa sino mestizos o negros como Chávez, lo que constituye una afrenta insoportable. A falta de respuesta política en el marco electoral los dineros fluían copiosamente hacia Caracas: partían desde Washington, vía USAID o la NED, volaban a Madrid desde donde el rufián lamebotas de George W. Bush, José M. Aznar, lo redistribuía entre sus compinches de América Latina con la bendición de ese colosal monumento al narcisismo llamado Mario Vargas Llosa. Pero todo era en vano: cual redivivo Cid campeador tropical, aún después de muerto Chávez seguía ganando elecciones. Ajustadamente, pero las ganaba con Nicolás Maduro en la presidencial de Abril del 2013 y luego, por paliza, en las municipales de Diciembre de ese mismo año. Fracasados todos estos intentos, la guerra económica, perfeccionando el plan criminal perpetrado contra el Chile de Allende, se desencadenó con toda la furia. Desabastecimiento programado, acaparamiento de artículos de primera necesidad, carestía, feroz devaluación de la moneda, contrabando en gran escala, terrorismo mediático sin freno ni medida, asesinatos selectivos y, a principios de 2014, plan sedicioso materializado en las siniestras “guarimbas” (barricadas callejeras) con un saldo de 43 muertos, la mayoría fuerzas de seguridad del gobierno y simpatizantes chavistas, y destrucción de vehículos, instalaciones gubernamentales, escuelas, universidades y hospitales valuadas en centenares de millones de dólares. Sus responsables, en la cárcel, se quejan de que son “prisioneros políticos” cuando sus actos se encuadran en el delito de sedición que en cualquier otro país del mundo los hubiera enviado a la cárcel de por vida. En la “dictadura bolivariana”, en cambio, la justicia obró con una asombrosa lenidad y al cabecilla de estos crímenes le impuso una sentencia de poco más de trece años. En España o Argentina hubiera recibido prisión perpetua y en Estados Unidos pena de muerte. Pero así es la “dictadura” chavista.
 
Frustradas estas conspiraciones el imperio intensificó la guerra económica: junto a sus infames criaturas, el Estado Islámico, abatió el precio del petróleo de poco más de 100 dólares el barril a algo menos de 30. No contento con ello el Presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que si no fuera criminal por sus consecuencias sería un hazmerreir universal: “Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Fue la voz de orden para que los perros guardianes del imperio se lanzaran con toda ferocidad contra la revolución. Desde entonces la vida cotidiana se ha complicado hasta tornarse un irritante calvario. Por eso en las elecciones para la Asamblea Nacional del pasado 6 de Diciembre la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios, a favor del desánimo de más de dos millones de chavistas que no le dieron sus votos a la derecha pero se abstuvieron de participar en el comicio. La Asamblea acaba de aprobar una ley de amnistía que liberaría a todos los condenados por los crímenes cometidos en el episodio sedicioso de comienzos del 2014. El Tribunal Superior dictaminó la inconstitucionalidad de la ley y el presidente Maduro declaró que jamás promulgaría un engendro semejante, que abriría la puerta a la violencia y la impunidad en Venezuela. La situación se aproxima a un empate catastrófico de fuerzas pero el chavismo, sin duda alguna y más allá de sus problemas y titubeos, tiene claramente al pueblo de su lado que con certero instinto sabe que la derecha viene con el cuchillo en los dientes y dispuesta a aplicar un escarmiento ejemplar. Los que antes dudaban de que esto podría ser así las didácticas lecciones del macrismo en la Argentina los persuadieron de que un retorno de la reacción tendría consecuencias terribles.
Dado lo anterior no sorprende que en los últimos días se haya producido una intensificación de la ofensiva destituyente. El Washington Post publicó un editorial descaradamente golpista este 12 de Abril diciendo que “Venezuela necesita desesperadamente una intervención política de sus vecinos, que para eso disponen de un mecanismo apropiado en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un tratado que contempla la acción colectiva cuando un régimen viola las normas constitucionales». El periódico, usualmente considerado por los neoliberales como el paradigma de la “prensa imparcial e independiente”, se lamenta que los países de la región no asuman sus responsabilidades para preservar la democracia en Venezuela pese a que, asegura, tal como están las cosas “probablemente no tarde demasiado en producirse una explosión”. El WP no hace sino reflejar lo que poco antes planteara un documento del Comando Sur, denominado “Operación Venezuela Freedom-2″ y rubricado el 25 de febrero del corriente año con la firma de su actual jefe, el almirante Kurt Tidd . En él se afirma que “si bien (la oposición) está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral (para provocar la destitución de Maduro), ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo”. Dice lo obvio: la derecha jamás creyó en las reglas del juego democrático. Cuando las acepta es por conveniencia, no por convicción. Y las abandona ni bien las circunstancias aconsejan seguir el camino de la restauración violenta. En Venezuela y en todas partes, es fundamental no equivocarse en este punto. Toda la alharaca que la oposición antichavista arma en relación al referendo revocatorio es un taparrabos: lo que quiere es “la salida” de Maduro, por obra y gracia de la violencia. 

Abril parece ser el mes de las definiciones en la política venezolana. “En Abril es cuando” dijo el presidente Nicolás Maduro en una reunión con los participantes del Encuentro de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales que tuvo lugar la semana pasada. El 11 de Abril del 2002 se produjo el golpe de estado contra Chávez, y el 13 el pueblo lo reinstaló en el Palacio de Miraflores. No es casual el ataque del WP justo en estos días, ni que una de las organizaciones sediciosas que asolaron al país en el pasado, Voluntad Popular, haya convocado una marcha para el próximo 19 de Abril para exigir la “salida” del presidente Maduro. Tampoco lo es que el Secretario General de la OEA, Luis “Judas” Almagro, declarase hace pocos días en una entrevista a El País de España que era inadmisible mantener la neutralidad en Venezuela “cuando hay presos políticos y la democracia no está funcionando”. Almagro recibió una clara orden de sus jefes de ocuparse sólo de fustigar a Venezuela y de olvidarse de las masacres perpetradas en Honduras (Berta Cáceres), México (Ayotzinapa), Colombia (130 militantes de Marcha Patriótica asesinados en el último año) y Paraguay (Curuguaty), para no mencionar sino los casos más emblemáticos. La OEA ratifica su condición de Ministerio de Colonias de Estados Unidos, como Fidel y el Che oportunamente la caracterizaran. 
Como puede verse, el imperio ha movilizado todos sus engranajes y dispositivos para acabar, a cualquier precio, con la Revolución Bolivariana aún a costa de sumir al país en un baño de sangre. Pero el pueblo chavista ofrecerá una encarnizada resistencia a una invasión del Comando Sur y acudirán en su ayuda voluntarios de toda América Latina transformando la invasión norteamericana en una causa de la Patria Grande que incendiaría la reseca pradera social de la región rebasando los límites venezolanos, expandiéndose por los países vecinos y comprometiendo seriamente los Diálogos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Por eso, la solidaridad con el pueblo y el gobierno bolivarianos es hoy más urgente e importante que nunca para impedir que la siniestra maniobra intervencionista del imperio llegue a ejecutarse.
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El gobierno de Mauricio Macri sigue realizando un feroz ajuste en el presupuesto universitario: no contento con la pérdida presupuestaria ocasionada por los tarifazos, la devaluación y la inflación que se generó en consecuencia, ahora decide recortarle $65 millones más.

Según se dio a conocer en el Boletín Oficial (decisión administrativa 519/2016), se realizó un recorte en fondos asignados a universidades nacionales, instituciones culturales y de enseñanza, sociedades sin fines de lucro, y empresas privadas, alcanzando la suma final de $878 millones; que serán girados a los gobiernos provinciales.

Recordemos que en los últimos meses han habido crecientes reclamos por el Presupuesto de las Universidades Nacionales, que durante mucho tiempo tuvo en pie de lucha a los gremios docentes por la irrisoria oferta salarial ofrecida y llegando a la toma de numerosas facultades por estudiantes y docentes. Muchas Universidades llegaron a plantear la posibilidad de cerrar carreras o turnos de cursado, dado que — producto por ejemplo del enorme incremento en la tarifa del servicio de la luz — el Presupuesto no alcanzaba para pasar la mitad del año en curso.

Luego de apaciguado el conflicto con los gremios y de cubierta su espalda por el blindaje mediático de los monopolios de la comunicación, Mauricio Macri decide recortar $65 millones en el ya empobrecido presupuesto para la Educación Superior.

Aunque no hayan sido planteados con claridad en el Boletín Oficial los usos que tendrán esos recursos, entendemos que también las provincias tienen necesidades fiscales insatisfechas. No obstante, en lugar de echar mano a los recursos de los grandes agroexportadores — retenciones mediante — , o a las enormes rentas que produce la actividad financiera; el gobierno decide ajustar en los salarios de los trabajadores y en los fondos destinados a la Educación de los argentinos.

Desde Revista Universitaria repudiamos el recorte presupuestario llevado adelante por Macri y la CEOcracia. Claramente el pueblo argentino no votó para ésto.

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Mientras los trabajadores nucleados en el ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) realizaban una protesta pacífica en calle Peltier en reclamo contra los despidos y el Ajuste llevado adelante por Mauricio Macri y Alfredo Cornejo; este último mandó a la policía a reprimir.

La policía de Cornejo, mediante palos, mangueras y gas pimienta, desalojó el reclamo de los trabajadores. Todavía no hay información precisa sobre la cantidad de manifestantes que han debido ser hospitalizados debido a los agravios.

Desde Revista Universitaria nos solidarizamos con los trabajadores que han sufrido la brutalidad policial de un Estado que, ocupado en garantizar la transferencia de recursos de los asalariados hacia los sectores concentrados de la economía, responde con palos y gas pimienta a los reclamos populares.

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El pueblo Latinoamericano amaneció hoy con tremenda noticia: la presidenta Dilma Rousself deberá apartarse transitoriamente del gobierno por 180 días, esperando la decisión final del Senado con respecto al juicio político. La excusa son las llamadas “pedaladas fiscales”, la causa verdadera es desandar todos los derechos adquiridos en los últimos 13 años y destruir el movimiento político que sacó a millones de brasileros de la pobreza.

Se hará cargo del gobierno temporalmente el hasta ayer vicepresidente Michel Temer, quien encabeza el golpe conservador. Según los últimos sondeos Temer tiene una imagen positiva en del 2% mientras que un 60% de los brasileros quiere que se lo juzgue por los casos de corrupción que lo envuelven.

El “golpe blando” maquillado de “proceso institucional” no pierde tiempo para llevar adelante su verdadero cometido y nombrará en el Ministerio de Hacienda al economista ultraortodoxo Henrique Meirelles quien buscará intensificar el ajuste que está viviendo Brasil hace ya un tiempo.

El Imperialismo ve a Latinoamérica como un bloque y actúa en consecuencia con ello. El golpe en Brasil, el permanente hostigamiento a Maduro, la caída de Cristina, el debilitamiento de Evo y Correa no son hechos aislados. El momento por el cual está pasando Dilma, Lula y todo el pueblo brasilero no es más que una consecuencia del plan para doblegar al continente que viene tomando vigor en los últimos tiempos.

Aquí el macrismo celebra la caída de otro gobierno popular en la región y pasa cuenta a Obama quien confió en Mauri como la punta de lanza de sus planes en Latinoamérica.

Ha llegado la Hora de Temer.

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A continuación compartimos el comunicado elaborado por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, facultad que ha sido tomada en defensa de la Educación Pública, tras el intento de desalojo — con la policía metropolitana — de las Clases Públicas hechas por los docentes como medida de fuerza.

Nos solidarizamos con todos los estudiantes que están defendiendo la Universidad Pública y Gratuita frente al ajuste y los tarifazos llevados adelante por el Poder Ejecutivo.


«URGENTE: La policía quiere desalojar las clases públicas en Filo

Desde la mañana temprano, efectivos de la Federal intentaron amedrentarnos a estudiantes y docentes con una supuesta orden de desalojo de las clases públicas que se llevan adelante en el marco del paro docente.

Respondimos que no nos íbamos a mover y llamamos a toda la comunidad educativa de Filosofía a acercarse a nuestra Facultad. Hace minutos, estos efectivos volvieron a hacerse presente en la puerta de la sede, amenazandonos con traer hidrantes y patrulleros para hacer cumplir dicha orden de desalojo. No nos sorprende. Es clara la política del macrismo contra los que nos organizamos para defender nuestra educación pública y denunciamos el presupuesto de miseria que proponen a la UBA y todas las universidades nacionales.

Desde el CEFyL ratificamos nuestro plan de lucha, acompañando las medidas de nuestros docentes. Llamamos a todos los estudiantes, docentes y no docentes que defendemos la educación pública a hacerse presente en la Facultad para bancar las clases públicas. Nos declaramos en estado de alerta y llamamos a todas las facultades de la UBA a seguir de cerca lo que ocurra, haciendo responsable al gobierno nacional de cualquier represión que lleven adelante contra la comunidad educativa de Filo.»

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El 10 de diciembre de 1999 asumía el radical Fernando de la Rúa al frente de la Alianza, con promesas de transparencia y compromiso frente a la corrupción y la “frivolidad” del menemato. El  “dicen que soy aburrido…” no ponía en tela de juicio ni por un segundo la peor y más pesada herencia del gobierno anterior: la Convertibilidad. En efecto, los dos partidos más convocantes de la Argentina, el PJ y la UCR, adhirieron y defendieron hasta el final, el armazón legal de saqueo de nuestros recursos expresado en la Convertibilidad. El hastío de un pueblo que frente a una dirigencia política que les había volteado la espalda hacía ya mucho tiempo y giraba con los brazos extendidos a los responsables de su sufrimiento, se sintetizaría luego en el rugir del “que se vayan todos”.

Un PBI que decrecía en un 3,4%, un 14% de desempleo, 30% de argentinos por debajo de la línea de pobreza y una deuda pública superior a 150 mil millones de dólares esperaban al nuevo gobierno. No justificamos el desastre del gobierno de la De la Rúa alegando que es la herencia recibida de Menem. El bobo perverso no solo se cuadró dentro del modelo económico de sus sucesores, sino que lo acompañó, como no podía ser de otra manera, con un feroz apriete al bolsillo de los asalariados como respuesta al déficit fiscal. Operación sencilla que omiten de las cátedras universitarias de Economía es la del ajuste, que en recesión conlleva más recesión. Léase: deterioro del salario, enfriamiento de la demanda y por lo tanto, menor recaudación fiscal. De mayor recaudación imponiendo cargas sobre la actividad financiera ni hablar.

De este estrangulamiento a los trabajadores dan prueba la Ley Banelco de flexibilización laboral (por medio de coimas al Congreso) y el recorte del 13% a los jubilados y a los trabajadores estatales, en un país con un enorme porcentaje de población activa que se encuentra vinculada al Estado (sea de forma directa o terciarizados). Dato no menor es que Patricia Bullrich, hoy funcionaria del PRO, era Ministra de Trabajo de De la Rúa y defensora férrea de estas medidas.

El Blindaje y el Megacanje

Dos de las estafas financieras más grandes a nuestro país se sucedieron durante el gobierno radical.

El blindaje financiero fue un crédito de por encima de los 40.000 millones de dólares efectuado por miembros de la banca privada, el FMI, el BID, entre otros, a la Argentina. Su objeto no fue otro que el de trasmitir “seguridad jurídica” a nuestros acreedores como puntapié para el crecimiento prolongado de nuestra economía. Más deuda, como siempre, para pagar la deuda anterior. El costo colateral fue (además claro de los desorbitantes intereses y comisiones) el de ajustar, ajustar y ajustar. Otra vez nuestros acreedores extranjeros delimitando la senda de nuestra política económica. Un 24% de los gastos de la Administración Nacional (Presupuesto anual) iban destinados en ese momento al pago de deuda pública. Más del doble de lo que se destinaba a salarios públicos.

El crecimiento se hizo esperar más de lo deseado, por lo que otra brillante idea fue soplada al oído de De la Rúa y su Ministro de Economía, el amigo Cavallo, por parte de un tal David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano. Frente a un nuevo vencimiento de los plazos para pagar las cuotas de la deuda, Argentina, carente de recurso, debía refinanciar las obligaciones que mantenía con sus bonistas. La reestructuración de más de cuarenta y seis tipos distintos de bonos (en un monto total de 29.477 millones de dólares) a 31 años, a un nuevo valor de 55.281 millones de dólares,fue conocida como el Megacanje. De aquella nueva emisión de bonos reestructurados, un 73% fueron adquiridos por tenedores argentinos o bien, caranchos locales.

Los bancos que armaron el Megacanje recibieron comisiones por 147,5 millones de dólares. Un proceso judicial aún vigente se ha llevado adelante contra los responsables en el Estado del negocio en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº2 de Capital Federal, del cual Federico Struzenegger, habiendo sido funcionario del gobierno y mediador de los acuerdos con los bancos, está procesado.

El Corralito, el Corralón y la salida de la Convertibilidad

El estallido económico, la implosión del sistema político y la crisis social de finales de 2001 se encuentran estrechamente vinculados a la dependencia argentina del endeudamiento externo. La política de sobreendeudamiento que servía como eje para el mantenimiento del sistema rentístico — financiero (que como hemos venido explicando data en el país desde 1976) cayó por su propio peso. Solo podía subsistir mientras los dólares de los créditos siguieran inundando nuestro mercado. Cuando los prestamistas quisieron cobrar y cortaron la llave de paso hasta nuevo aviso, todo terminó.

Durante los meses previos a las sangrientas jornadas de 2001, la transferencia de los dólares guardados en los bancos en el país hacia el exterior creció apresuradamente. Frente a una Argentina que se veía incapacitada de pagar en tiempo y forma a sus acreedores externos y locales, el rumor de una retención de los depósitos por parte del gobierno para evitar que los dólares se fuesen del país y el gobierno pudiera cumplir con sus obligaciones financieras, se corrió entre los beneficiarios del sistema. Bancos trasnacionales, grupos económicos locales y extranjeros, y funcionarios enriquecidos, giraron sus dólares a las casas centrales de los bancos donde los tenían depositados. En 2001 salieron de la Argentina capitales netos por 15.686 millones de dólares. El total de los bienes en el exterior de residentes en el país constituían 106.368 millones de dólares, de los cuales 12.510 millones fueron transferidos en los meses previos al estallido. Los números del dinero de argentinos en cuentas en el extranjero no se manejan.

Para cuando De la Rúa emite el decreto interno que impide el retiro de más de 250 pesos o dólares semanales (recordemos que se aún se mantenía el 1 a 1) de los bancos, quienes tenían en verdad la tarasca ya la habían sacado del país. La negación del derecho los asalariados sobre su sueldo fue la gota que rebalsó el vaso.

Cinco presidentes en una semana. Llega Duhalde. Para cuando se rompe la paridad cambiaria (no así la Convertibilidad, estando vigente al día de hoy) y se liberaliza el tipo de cambio, comienza la devaluación del peso. A ella le acompaño la pesificación de todas las deudas en dólares que tenían los residentes de la Argentina, en una relación 1 a 1. Se imaginarán que ningún banco hubiese aceptado un peso por cada dólar que se le debía, dado la vertiginosa desvalorización que sufría la moneda argentina. De la diferencia en base al tipo de cambio (que llegó a rondar los $4 pesos) el Estado se hizo cargo. Así de fácil. Fue un proceso análogo al de la estatización de la deuda privada que se realizó durante la dictadura, ya explicado aquí. Mientras a los trabajadores se les devolvía un $1,40 por cada dólar guardado en su cuenta corriente, plazo fijo o cuenta de ahorro; las deudas millonarias que mantenían los grupos concentrados de la economía con la banca privada internacional las licuaba el Estado. Este chistecito nos costó a los argentinos 20.000 millones de dólares.

De la crisis que generan los bancos, los principales beneficiarios son siempre los bancos. Para 2003 la deuda externa ascendía a 250.000 millones de dólares, lo que representaba un 150% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Miles de argentinos huían y los que se quedaban auguraban un negro futuro. Pero hay quién dijo que no todo estaba perdido. Que era tiempo de quedarse.

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Reproducimos a continuación el escrito presentado por la ex presidenta Cristina Fernández ante el juez Bonadío, ante la citación a indagatoria del día de hoy; donde pone en línea el proceso judicial-mediático que se está llevando adelante contra su persona y otros altos funcionarios del anterior gobierno, con los procesos realizados cada vez que el Movimiento Nacional fue depuesto.

Ayer como hoy, una rosca de clase vinculada a la oligarquía argentina y con el respaldo del Poder Judicial y la prensa seria, atacó al Yrigoyenismo y al Peronismo imputando de «corruptos» a sus caudillos; mientras que lo que se pretende condenar es la intervención del Estado en la economía y que nuestro país haya tenido, aunque sea fugazmente, ejercicio de su soberanía política; verdadero pecado capital en un mundo regido por el Imperialismo.


«Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.»
 
 
 
 
Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa «Dólar Futuro»
 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER· MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016
 
Señor Juez:
 
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152÷15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20134306654), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
 
I.-
 
Objeto.
 
Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos.
 
II.
 
Introducción.
 
1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
 
Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento –matrimonio indisoluble– utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores” devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas.
 
No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción, lo acusaron de conspiración.
 
Más tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca violación del texto constitucional asignándole funciones jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.
 
Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales del Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se correspondían con “su ser nacional”.
A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más– la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
 
1° Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148÷55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa.
 
2° Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados…”
 
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
 
“…Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.
Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
 
La historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
 
2) En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno.
 
Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
 
Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador” del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
 
Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
 
3) Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales.
 
Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
 
La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-…).
 
III.
Manifiesta.
 
1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
 
En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
 
Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal.
 
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
 
Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal.
Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
 
En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3).
 
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.
 
Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general.
 
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
 
Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
 
En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa.
 
Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
 
Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los comentarios.
 
Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita.
 
Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.
 
En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político –terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas.
 
La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
 
Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
 
Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía.
 
Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.
 
En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente el Gobierno de las excusas –como todo en la vida– tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.
 
IV.-
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.
 
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