Viernes, 08 Septiembre 2017 14:15

Mano dura para los estudiantes

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Desde Revista Universitaria compartimos la siguiente nota del diario Página 12 en donde se explica una nueva arista de la política represiva del macrismo en contra de la protesta social. Esta vez las víctimas son los estudiantes secundarios que se oponen al proyecto de pasantías obligatorias para empresas en el último año escolar. Defendiendo su derecho a estudiar los jóvenes se han manifestando tomando colegios secundarios, es que no quieren pasar a engrosar el «ejército de reserva» que le permita a los amigos de Macri negociar salarios a la baja. Hay 12 colegios tomados.

 

 

El gobierno porteño reflotó un instructivo contra la toma de escuelas

Ante el rechazo que produjo su reforma educativa, Rodríguez Larreta envió un documento a directores de escuelas ordenándoles informar primero al ministerio e inmediatamente realizar la denuncia policial en caso de una protesta de los alumnos.
 

Frente a la toma de escuelas secundarias en reclamo contra el plan de reforma educativa que impulsa Horacio Rodríguez Larreta –por el que los estudiantes harán pasantías obligatorias en empresas durante quinto año-, el gobierno porteño reflotó un instructivo en el que ordena a los directores que en caso de tomas las denuncien “inmediatamente” a la policía. La medida fue calificada como intimidatoria por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Los docentes porteños cuestionaron que en lugar de promover el diálogo con los estudiantes, que están pidiendo debatir una cuestión de orden pedagógico y administrativo, se haga una denuncia a la comisaría. 

El instructivo fue enviado a los directores esta semana. Es el mismo que el ex ministro de Educación Esteban Bullrich mandó a los colegios en 2012. En aquel momento, la jueza Elena Liberatori intervino y lo dejó sin efectos. 

El documento señala a los directivos qué deben hacer, punto por punto, en caso de tomas. El primer paso que indica es informar al ministerio (a las direcciones de Area). El segundo, “concurrir inmediatamente a la comisaría a efectos de denunciar la situación de toma”. 

El instructivo aclara a los directores que no denuncien personas, pero en los hechos judicializa una protesta, en este caso con el agravante de que los que reclaman son menores. 

También les dice qué delitos pueden aplicarse a una toma: “usurpación” o “violación de domicilio, y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de personas en lugar público/privado contra la voluntad del titular)”. Y adelanta que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, que depende del ministerio de Educación de la Ciudad, “concurrirá a la Fiscalía de turno para conocer las medidas preliminares que se dispongan y peticionar alguna medida cautelar en caso de ser necesario”.

En este momento hay doce colegios porteños tomados. Entre ellos están el Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”, la Técnica 33, el Normal 1 “Roque Sáenz Peña”, el Liceo 9 “Santiago Derqui”, el Normal 10 “Juan Bautista Alberdi”. Los estudiantes rechazan la implementación del programa de pasantías no rentadas en el último año del secundario que, denuncian, les quita 90 días de clases.

Desde UTE adelantaron el rechazo al instructivo. “Es muy parecido a lo que quiso hacer Esteban Bullrich en 2012, que la Justicia dio marcha atrás con esa idea”, contó Mariano Denegris. “Buscan confrontar, apuestan a la vía policial en vez de dialogar y discutir la reforma”. Aseguró que “siempre buscamos dialogar en la escuela, y acá lo primero que proponen es ir a una comisaría”. Incluso recordó que “muchas escuelas tienen asambleas que no aprobaron hacer una toma, porque acompañan el rechazo a la reforma”.

José Machaín, integrante del Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes por el FPV, señaló que ante estos reclamos estudiantiles “el ministerio de Educación debería abrir líneas de diálogo”, “acercarse a dar respuestas”. El consejero advirtió que el gobierno de la Ciudad “anunció la reforma de un día para otro, cuando estos deberían ser procesos participativos, con consulta y diálogo con la comunidad educativa, lo que la gestión del PRO nunca ha querido hacer. Quiere imponer cambios que requieren de diálogo y de consenso”. 

Machaín reveló que en las tomas ya están interviniendo fiscales que se presentaron en las escuelas. “Esto no amerita ninguna presencia judicial, porque es un reclamo administrativo. El ministerio de Educación debería ponerse a disposición y entablar líneas de diálogo con los estudiantes”.

 

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