Ajuste laboral y barbarie del régimen macrista

La palabra «reforma», en su uso corriente, denota cambio, renovación, avance, y además, tiene una connotación pacífica y seria, por oposición a la idea de «cambios bruscos» o el desusado término «revolución» (que, por el momento, sólo lo usa la derecha macrista para hablar de su revolución de la alegría).

Sin embargo, el proyecto de Macri no es ninguna reforma: es un ajuste bestial y un retroceso hacia la barbarie pre moderna en materia de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad social.

La brutalidad antidemocrática y antiobrera del proyecto está plamada en la desfiguración del artículo 4º de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde el desconocido comité legislador del régimen ceocrático impone nada más ni nada menos que la destrucción lisa y llana del concepto de «trabajo» regulado por la ley. El macrismo pretende que las relaciones entre trabajadores y patrones serán, de ahora en más, un vínculo de cooperación.

En ese sentido debe ejecutarse el contrato de trabajo y ser interpretado por los jueces. Esta aberración jurídica retrocede a la prehistoria del derecho del trabajo y, al destruir el principio protecctorio del ordenamiento, así como demoler la noción de hiposuficiencia negocial de los trabajadores (o sea la desigualdad fáctica para contratar ante el empleador), mina las bases de la inmensa conquista de la civilización que es el Derecho del Trabajo y arrastra a los trabajadores a la pesadilla del imperio de la concepción liberal del trabajo como contrato entre iguales, contenida en la locación de servicios del Código Civil de los propietarios.

Recordemos que, para el liberalismo, la libre contratación (así como el despido) de la mano de obra es una de las bases del ejercicio del derecho de propiedad. Antes de los avances yrigoyenistas, pero fundamentalmente del peronismo, los caballeros de la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial, aliados con la Embajada británica y los frigoríficos yanquis, aplicaban el Código Civil a las relaciones laborales y el Código Penal a la actividad sindical, a la cual perseguían legalmente a través de figuras tales como la «asociación ilícita» y consideraban a la huelga una «extorsión» contraria a la «libertad» patronal. Por supuesto, el resto de la represión era –más o ménos igual que ahora– semiclandestina o ilegal.

Por lo tanto, el ajuste previsional y laboral de Macri es un acto de barbarie que aniquila las conquistas de casi un siglo de lucha de los trabajadores, amenaza la libertad sindical y pone en oferta al país, siguiendo el triste ejemplo del régimen brasileño, para abaratar el precio de la fuerza de trabajo y aumentar la renta de los monopolios que dirigen el gobierno.

Las víctimas son los asalariados y sus familias que pierden derechos humanos laborales y sociales./