¿Qué es la desaparición forzada?

 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece en su artículo II que la desaparición forzada consiste en “(…) la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (…)”.

La desaparición forzada, considerada un crimen de lesa humanidad, es un delito complejo y considerado múltiple, ya que atenta contra un conjunto de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de opinión, expresión e información, al trato humano y respeto a la dignidad, a un juicio, etc. Pero además, es considerado continuo, ya que la víctima, entendida como figura sujeto titular del derecho, se extiende a los familiares. Estos sufren en el tiempo el daño de la ausencia de sus allegados desaparecidos, cuya suerte no se esclarece, y de la impunidad de los autores, que no comparecen ante la justicia.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, deja una clara diferencia con el concepto general de desaparición, como son los casos de Johana Chacón o Julio López, que si bien no dejan de ser preocupantes desde el momento en el que se comete el crimen, hasta la falta de intervención estatal en las investigaciones posteriores; se distinguen del de Santiago Maldonado en tanto esta última, fue cometida por agentes del Estado. Es decir, en el momento en el que el gobierno ordenó utilizar el aparato represivo del Estado para perseguir, apretar e intimidar a la población, cambió totalmente su responsabilidad en el crimen cometido.

El gobierno decide llevar adelante este tipo de crímenes con el fin de sustraer una persona de la protección de la ley, favoreciendo la impunidad de los autores del mismo. Es decir, el mismo gobierno. Ahora bien, ¿por qué el poder Ejecutivo nacional desaparecería y luego encubriría a sus autores a través de la justicia? Pues la desaparición forzada tiene el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona.

Sembrar el terror, que desde la última dictadura cívico-militar creíamos erradicado de nuestro país, es la única manera de sostener un programa de ajuste como el que está llevando este gobierno.

No podemos permitir que sea “normal” que alguien desaparezca en manos del estado represivo del Estado, dejando de lado quién sea, que defienda ni qué haya hecho. En todo caso, debería afrontar la justicia pero no ser desaparecido. No podemos permitir que el gobierno nos impida decir, pensar y actuar sin temor a ser perseguido.