Comunicado de Profesores de Comunicación Social rechazando una posible nueva Ley de Medios.

Mediante un comunicado anónimo algunos docentes de la Licenciatura en Comunicación Social (carrera que forma parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo) se expresaron respecto a una futura audiencia sobre la nueva ley de comunicaciones impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

 

Esta nueva ley pretende ocupar el lugar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) que no casualmente fue dada de baja mediante un decreto  pocos días  después de la asunción de Mauricio Macri.

A este respecto entendemos que la situación actual de la comunicación en nuestro país y en la región es crítica. Los monopolios mediáticos son hoy en día los principales responsables de lesionar gravemente la libertad de expresión, dejando al descubierto, la relación intrínseca que existe y ha existido históricamente entre los grandes grupos de poder mediático y los gobiernos alineados al capital extranjero, que para poder aplicar sus políticas de ajuste, despidos y tarifazos necesitan de un blindaje mediático de magnitudes gigantescas que dirija y forme la opinión pública a su favor.

En el caso de la Argentina basta ver la relación entre el actual presidente y el Grupo Clarín, principal opositor a la Ley de Medios.

Seguimos sosteniendo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el único intento profundo, desde el año 76 en adelante, de democratizar  en términos reales la comunicación en nuestro país.

A continuación el comunicado de los docentes:

RECHAZAMOS AUDIENCIA POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS

 

  Quienes abajo firmamos, docentes en la carrera de Comunic. Social de la Univ. Nac. de Cuyo, hemos sabido de la realización de una audiencia en Mendoza en torno a una posible nueva ley de Medios, impulsada por las actuales autoridades nacionales. La misma se realizará en la primer semana de julio*, en dependencias de la Fac. de Derecho de nuestra Universidad.

 

Al respecto, queremos manifestar lo siguiente:

 

1. Como docentes e investigadores de la comunicación, reconocemos la amplísima legitimidad de la Ley de Servicios Audiovisuales votada por amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en el año 2009.

 

2. Lamentamos que los procedimientos por los cuales se quitó vigencia a dicha ley hayan sido primero un decreto, y luego una ley votada en singulares circunstancias, por la vía de mano alzada y sin conteo estricto de los votantes.

 

3. Manifestamos que, al margen de las cuestiones formales en cuanto a las votaciones respectivas, la ley anterior sintetizaba dos aspectos altamente  valorables:

a.Una amplísima gama de apoyos sociales, desde asociaciones de periodistas a radios comunitarias y carreras de comunicación, fruto a su vez de un arduo debate social que duró casi cinco años;

b. Contenidos ampliamente democratizadores de la comunicación audiovisual, desde cláusulas antimonopólicas a aquellas que favorecían la producción local, o las que asignaban un 33% del espectro al ámbito comunitario.

 

4. Enfatizamos que fueron reconocidos oligopolios mediáticos y empresariales los que pusieron obstáculos a la aplicación de esa ley, junto a sectores políticos conservadores que hoy están en el gobierno;

 

5. Advertimos que no es casual que en el fomento de una nueva ley, cuyo texto –llamativamente– no ha sido dado a conocer por ningún medio, que desplace los logros de la anterior, encontremos a figuras que ya participaron de la oposición a aquella norma democratizadora. No podemos, por ello, esperar de la pretendida consulta por realizar, otra cosa que un simulacro al servicio de la restauración de las condiciones centralizadas y hegemónicas de la comunicación, previas a la votación de la ley de Servicios Audiovisuales.

 

 

Mendoza, 5 de julio de 2016.

 

*Ya se realizó al día de la publicación de esta nota.