Macri: el príncipe del manicomio

El pasado 10 de noviembre se dio a conocer un proyecto que reformaría la Ley Nacional de Salud Mental. Sumado la CUS (Cobertura Universal de Salud) y el desfinanciamiento de hospitales públicos, este proyecto es un nuevo retroceso en la concepción de las personas con padecimiento mental y la función del Estado como garante de un tratamiento digno.

 

Por decreto, como nos tiene acostumbrados Macri, se van a modificar los puntos más importantes de La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que con su sanción en el año 2010 empezaban a dar a luz una serie de modificaciones en los tratamientos y en la concepción de la persona con estas enfermedades, es decir, significó un avance clave para el reconocimiento como sujetos de derechos.

Esta reforma se suma a la “Cobertura Universal de Salud”. La CUS implica un recorte a la atención y tratamiento a los que antes, de manera gratuita se accedía a cualquier hospital público. Ahora si el tratamiento no está dentro de la “canasta básica” de prestaciones tendrá que recurrir a la salud privada y el que no puede pagar, se jode.

Los puntos más preocupantes en cuanto al impulso de esta reforma de la ley Nº 26.657 tienen que ver con:

  • La concepción de salud mental que ya no va a tener en cuenta aquellos procesos históricos, culturales, económicos etc que determinaron a una persona, sino que instala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.
  • Reinstala el Manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.
  • Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
  • Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del órgano de revisión de la ley y se le adjudica al Ministerio de Salud de la Nación, de esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médicas hegemónicas.

La ley de Salud Mental modificó el paradigma sobre la intervención de los profesionales en este ámbito otorgando tratamientos dignos, pero sobre todo garantizando la Salud en la población a través, de su instrumento más eficaz, el Estado.

Este modelo económico recorta en educación, salud y previsiones sociales con el fin de concentrar la riqueza y transferirla al exterior, tal cual lo hizo la dictadura cívico-militar del 76.

Desde la coordinación de Trabajo social repudiamos esta reforma y creemos no solo en la necesidad de repensar qué objetivos hay detrás de la misma sino también entender que forma parte de un plan de gobierno que vulnera los derechos consagrados en nuestra constitución.