La Redacción

Compartimos con nuestros lectores la primera parte del programa Economía Política, donde el periodista Roberto Navarro explica el funcionamiento del sistema de evasión impositiva de los grandes capitales nacionales e internacionales, perjudicando al Estado y por ende a los argentinos. Con nombres y apellidos, Navarro muestra como se llevan la «guita afuera» y como despúes esa plata vuelve en forma de Deuda Externa.

El día miércoles en la noche se llevó a cabo una Asamblea en el colegio Normal Tomás Godoy Cruz, donde había representantes del Centro de Estudiantes del terciario del colegio,  del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), representantes del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UNCuyo con su presidenta Mariana Abrego – que habló en dicha reunión — , y personal administrativo de la institución. En dicha reunión se trataron temas relacionados con el conflicto docente: ítem aula, despidos en el sector, reducción de presupuesto para nuevos puestos de trabajo, cierre de programas como los CENS, CEBJA, etc, además de la crítica situación salarial en la que se encuentran los docentes mendocinos.


El Centro de Estudiantes de la Universidad de Congreso es un gremio que desde su fundación hasta la fecha, ha logrado fortalecerse cada día un poco más, en punto a sus funciones. Nos enorgullece saber que nuestro gremio está a poco tiempo de cumplir su primer año con SERVICIO DE FOTOCOPIADO PÚBLICO.

En el día de ayer, el ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, se presentó ante el Juez Bonadio para declarar en el marco de la causa por la mal llamada «venta de dólares a futuro» (Rofex), realizada por el Banco Central en el último año de gobierno de Cristina Fernández. Compartimos extractos de la declaración de Kiciloff, no sin antes hacer incapié en dos cuestiones:

El Rofex es una operación en sí, legal y válida con la que cuenta cualquier organismo, sea público o privado. Funciona muchas veces como seguro de cambio para aquellos que operen con la divisa extranjera. Por ejemplo, una importadora compra dólares a futuro para que, en caso de una devaluación, pueda cubrir la diferencia en pesos y seguir importando a un ritmo similar al que lo realizaba (al menos por un tiempo); paliando así la pérdida del valor real del peso. Además esta clase de operatorias se realizan por medio de una «pantalla ciega», tal y como explica Kicillof, por lo que es imposible que quien vende, elija a quién se lo vende. Nos resulta tragicómico que un gobierno que ha desregulado el mercado financiero y comercial, y ruega por créditos internacionales a la tasa de interés que sea, se preocupe frente a las jugadas especulativas que puedan surgir de esta operación. 

Párrafo aparte merece el ensamblado mediático — judicial del que surgen las denuncias, según Kicillof, «voligomas». Es decir, el copie y pegue de un artículo del diario Clarín en un expediente judicial se convierte en una herramienta política con la que cuenta hoy Macri y la rosca oligárquica vinculada a él, para borrar del mapa cualquier atisbo del gobierno anterior. Poco se habla, pese a que el escándalo haya cobrado dimensiones mundiales, sobre la investigación que rodea a los Papeles de Panamá y las (por ahora) cuatro empresas deslocalizadas de quien funge de presidente. Menos de la citación que la Comisión Interamericana de DDHH entregó a Macri por el avallasamiento de la libertad de expresión a partir de la modificación por decreto de la Ley de Medios. Insistimos: ni la Justicia, único poder del Estado no sometido a la voluntad popular, ni los medios de comunicación, el capital mas concentrado a nivel mundial, son independientes. Representan un interés de clase casi siempre opuesto al de las mayorías populares. Dejamos aquí las declaraciones de Kiciloff.

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Sr. Juez Bonadío.


Empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, la llamada “causa dólar futuro” no es un “negociado” ni una causa de corrupción. De hecho, en las 1.000 páginas del expediente, no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. Si bien al inicio de la investigación Ud. citó a numerosos “testigos” para averiguar si el Banco Central le había vendido “dólar futuro” a algún amigo o conocido para así favorecerlo, insistiendo en obtener “las listas” de los que compraron, finalmente comprendió que la operatoria en el mercado de futuros se realiza en una “pantalla ciega”, es decir, resulta imposible para el vendedor, por la naturaleza del sistema, conocer la identidad de los compradores y viceversa. Por eso, al volverse evidente que no existió ningún hecho de corrupción, lo que se investiga en esta causa fue mutando sobre la marcha, en búsqueda de algún delito del que inculparnos.


¿De qué delito se nos acusa ahora entonces? A ciencia cierta, aún no lo sé. En las 1.000 páginas no hay ninguna explicación al respecto. Sólo se sostiene que el Banco Central realizó contratos en pesos atados al valor futuro del dólar a un precio que, según se intenta (infructuosamente) demostrar, es “distinto al de mercado”. Sinceramente, Señor Juez, la acusación es tan absurda que no sé por dónde empezar la explicación. 


Indudablemente, cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace “con fines regulatorios del precio de mercado”, cualquiera sea ese precio: la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al valor futuro del dólar, los títulos públicos. Si este accionar estuviera prohibido, si fuera ilegal, simplemente no existiría la política monetaria. Ni existirían los bancos centrales como reguladores del mercado. Esto no es una práctica argentina, sino que todas las autoridades monetarias del mundo realizan intervenciones en diversos mercados con el objetivo de alterar los precios vigentes de acuerdo a las metas de política económica que buscan alcanzar. 


Señor Juez, en la causa Ud. comprobó, además, que el Banco Central de la República Argentina interviene en el mercado de dólar futuro como lo hace la mayoría de los bancos centrales del mundo. Es una operatoria normal y parte habitual de la política cambiaria. La investigación se enfocó luego a demostrar algo prácticamente esotérico: si el precio que fijó el banco central era o no el “correcto”, o, como dirían los economistas aristotélicos del medioevo, el precio “justo”. Así, si el Banco Central vendía por debajo o por encima de ese precio, la operatoria podría cuestionarse y perseguir por vía legal al que fijó ese precio. La tarea es ímproba: es perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado y que fije el precio que le parezca conveniente. ¿Cuál debía ser dicho precio? Para averiguarlo, usted citó a declarar a numerosos economistas, todos ellos pertenecientes a la Alianza Cambiemos o claramente alineados con sus ideas políticas y económicas, para preguntarles si el precio del dólar que fijó el banco central en esos contratos era “adecuado”. Todos los economistas de Cambiemos opinaron, previsiblemente, que no. Sin embargo ninguno de ellos dijo, porque sería absurdo hacerlo, que fijar un precio distinto al que ellos creen correcto pueda ser un delito. Es más, en el expediente tiene lugar un verdadero debate porque los economistas de Cambiemos no consiguen ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería el precio “adecuado” o “correcto” para los contratos en pesos atados al precio futuro del dólar? Alguno dice que debería haber sido igual o que es comparable al del “dólar bolsa”, otros al de los “forward” en dólares de Nueva York, otros al del “dólar link” en el mercado local y otros al del dólar corriente más la tasa de interés en pesos. La diversidad de opiniones existe y es válida. Pero es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor del dólar futuro a un precio distinto es un delito. 


Luego, el expediente parece preocuparse por el monto operado y las ganancias o pérdidas que tuvo o iba a tener el Banco Central con esa operatoria. En primer lugar, hay que aclarar otra cuestión, también obvia. Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado, obtiene ganancias o pérdidas contables, por definición. Pero el Banco Central no es un banco comercial privado que persigue la máxima ganancia. Lógicamente, su Carta Orgánica no habla de un fin de lucro. Su función es distinta: hacer política monetaria, no tener las máximas ganancias o evitar las pérdidas. 


El absurdo de esta denuncia puede demostrarse también, y de manera más contundente, con el manejo de la política monetaria por parte del gobierno de Macri. La megadevaluación de la moneda argentina que implementó el actual gobierno, mayor –por ahora– al 50%, estuvo acompañada de una fuerte suba de la tasa de interés. Si se siguiera el criterio que intenta imponer esta causa, habría que hacer una denuncia al presidente del Banco, al Ministro de Hacienda y al Presidente de la Nación. Me explico. El Banco Central fijó la tasa de interés que le paga a los bancos en 38%. Es altísima. Claramente, no es una tasa “de mercado” según el criterio de los propios economistas de Cambiemos, porque si Usted va un banco comercial privado y deja su plata, no le van a pagar más de 29%. De hecho, eso es lo que están haciendo los bancos: usted pone un plazo fijo, le pagan 29% y ellos se dan vuelta, le prestan su plata al Banco Central a una tasa mucho más alta “que la de mercado” y tienen una formidable ganancia, sin riesgo alguno. Así como lo escucha. Esta operación que se realiza con un título llamado LEBAC la vienen haciendo desde diciembre y el BCRA ya acumuló una deuda de 475.000 millones de pesos en forma de LEBAC. Si se mide desde la perspectiva de las pérdidas, el Banco Central va a perder una fortuna. El “costo” de esta medida será de más de 150.000 millones de pesos en el año. Muchísimo mayor que la supuesta “pérdida” que se analiza en este expediente. Del mismo modo que se intenta hacer aquí, podría acusarse a las autoridades de operar “fuera de precio de mercado” y causarle gigantescas pérdidas al Banco Central. Sin embargo, no le estoy sugiriendo hacerlo. Aunque no estoy en modo alguno de acuerdo con pagarles a los banqueros esa tasa de interés, muy bien sé que se trata de una política económica (liberal) de este gobierno. Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito. 


Este absurdo conduce a pensar, entonces, que el Banco Central debería pedirle permiso a algún miembro de la justicia cada vez que interviene en el mercado. Con este criterio, sería el Poder Judicial y no el Banco Central el que debería determinar el precio en todos los mercados, único modo que tendrían las autoridades de evitar ser juzgadas. 


Pero volvamos a lo que se cuestiona en esta causa. Lo que ocurrió en la segunda mitad de 2015 con el mercado cambiario es también conocido. Fue, como sabemos, un año electoral. Al repasar la historia argentina se observa que la incertidumbre política propia de un cambio de gobierno se traduce también en incertidumbre económica. Por motivos que no pretendo explicar aquí, cada vez que se presentan situaciones de incertidumbre ciertos actores económicos tienden a “refugiarse” en el dólar. A ello hay que agregar que ciertos sectores empresarios buscan casi siempre provocar una devaluación de la moneda, simplemente porque cuando esto ocurre se benefician económicamente. 


Sin ir más lejos, desde 2003 se sufrieron 9 corridas cambiarias. Cuando se produce una “corrida cambiaria” las autoridades pueden tener dos reacciones: o el Banco Central se resigna a una fuerte devaluación –dejando “flotar” el tipo de cambio–; o, el Banco Central enfrenta la corrida con los instrumentos financieros de intervención de los que dispone. En particular, el gobierno del que formé parte no juzgaba positivo para el país que se produjera una fuerte devaluación en el segundo semestre de 2015. Puedo explicar sintéticamente los motivos; cuando el peso se deprecia violentamente, en Argentina, suelen ocurrir dos cosas: primero, se acelera la inflación y luego se produce recesión. Sobre estos efectos de la devaluación existe un acuerdo bastante generalizado. Si no lo hubiera, de todos modos, basta con repasar los efectos que está teniendo la devaluación llevada adelante por el actual gobierno.


Los principales objetivos de política de nuestro Gobierno fueron el crecimiento y la inclusión social, es decir, la producción y el trabajo argentinos. Si Usted observa la Ley de Presupuesto (N°27.198), verá que, para el año 2015, teníamos previsto un crecimiento positivo del PIB de 2,3% anual. Hace pocos días, el actual gobierno nacional dio a conocer la estadística de crecimiento del año pasado que arrojó 2,1%. En un marco de crisis internacional, derrumbe del precio de las commodities y caída del PIB de –3,8% de nuestro principal socio comercial, Brasil, podría decirse que el objetivo de crecimiento se cumplió más que razonablemente. Este crecimiento no es obra del azar, sino que para alcanzarlo fue necesario ejecutar y coordinar múltiples acciones, de numerosas dependencias del Estado.


Lo que no puede discutirse es que este panorama cambió radicalmente una vez que asumió el nuevo gobierno. El gobierno de Macri simplemente aplicó, de momento, una variante del clásico plan económico de corte liberal, que se inició con la megadevaluaciòn de la moneda acompañada por la liberalización del comercio, la reducción de los controles que evitan la fuga de capitales, la búsqueda de endeudamiento externo a cualquier costo, el agudo incremento de las tarifas de los servicios públicos, la reducción de las retenciones a las exportaciones, el fin de los acuerdos de precios con los privados, despidos y cierres de numerosos programas del Estado, encarecimiento del crédito, contracción fiscal y monetaria (ajuste), entre otras. Al menos, hasta el momento, puede afirmarse que gracias a este programa económico la inflación aceleró drásticamente su ritmo hasta alcanzar un sostenido 4% a 6% mensual. También comenzaron los despidos y los cierres de establecimientos que redundaron en la pérdida de más de 110.000 empleos. La devaluación condimentada por el ajuste, la apertura y la liberalización dan como resultado, previsiblemente, la inflación y la recesión que se están observando.


Como dije, la política económica de nuestro gobierno no incluía una mega-devaluación de la moneda en 2015 pero ambos candidatos presidenciales sostenían que tampoco la realizarían en 2016. Hay innumerables declaraciones de Macri y Scioli, registradas por la prensa gráfica y audiovisual, en las que aseguraban que no iban a devaluar (de las que dejé constancia en mi declaración). En ese marco, el Banco Central se dedicó a asegurar la estabilidad cambiaria, tal como sostiene su Carta Orgánica (art. 3). Para cumplir con esta función, los bancos centrales de todo el mundo disponen de varios instrumentos. El primero de ellos es intervenir en el mercado del dólar corriente (spot) comprando o vendiendo dólares. Otro instrumento es la intervención en el llamado mercado de “dólar futuro”. Explico brevemente de qué se trata porque el nombre puede resultar engañoso: en rigor, no se trata de “dólares” ni de “futuro”. 


Vamos por partes. Las operaciones de dólar futuro se realizan con contratos llamados “derivados”. Se pactan íntegramente en pesos y se encuentran atados al valor del dólar en un determinado plazo. Su funcionamiento es el siguiente: permite que dos partes pacten (anónimamente, a través del sistema de “pantalla ciega”) entre ellos un determinado valor para una determinada fecha, digamos, para dentro de un mes. Supongamos que el dólar corriente vale $9. Dos privados se ponen de acuerdo en un valor de $11 dentro de un mes. Uno de ellos pondrá la diferencia si, transcurrido un mes, el dólar vale más que $11 y el otro pondrá la diferencia si vale menos. El monto de la diferencia se pone en pesos. No está en juego ni un solo dólar. Estos contratos pueden venderse en el mercado y su precio es el llamado “dólar futuro”. 


¿Por qué los bancos centrales intervienen en el mercado de dólar futuro? Porque, como ocurre en muchas decisiones económicas, el futuro ejerce una poderosa influencia sobre el presente a través de las expectativas que se forman los agentes económicos. Si hoy el dólar valiera $15 y en el mercado se estableciera un “dólar futuro” para dentro de un mes a $20, se estaría admitiendo indirectamente una devaluación, el efecto sería similar al que si la devaluación se produjera hoy mismo. El dólar a $20 dentro de un mes se convierte en el precio de referencia y ese valor del dólar, a través de las expectativas, influye sobre los precios de toda la economía de hoy y sobre todas las decisiones del presente. Ningún Banco Central permite que el precio futuro esté desalineado con el precio actual del dólar porque a través de las expectativas, el futuro se hace presente; de modo que convalidar un dólar futuro muy elevado es lo mismo que convalidar una devaluación. 


Pero, además, un salto pronunciado en el valor del dólar futuro fomenta una corrida cambiara en el presente, porque si el Banco Central convalida ese valor, a todos los agentes les convendrá siempre pasarse al dólar esperando que se produzca la devaluación, que cuenta con la convalidación de la autoridad monetaria. Así, si la autoridad no interviene en el valor del dólar futuro lo que hace es alimentar una corrida, porque hace más rentable tomar dólares frente a la opción de tomar pesos. 
Simplificando: en 2015 el Banco Central evitó que se produjera una mega-devaluación inmediata de la moneda por causa de una corrida cambiaria. Este organismo autónomo, encargado de la estabilidad cambiaria, monetaria y financiera, intervino a tal efecto en los mercados que regula. No se hizo nada extraño, sino seguir implementando medidas en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, que estaban incluso plasmadas en la Ley de Presupuesto.


Señor Juez: aunque los testigos que citó, en su mayor parte vinculados a la Alianza Cambiemos, no estén de acuerdo con ninguna de las políticas que implementó el gobierno anterior en cualquiera de los 12 años en ejercicio, lejos está de las naturales atribuciones de un tribunal penal federal juzgar la legalidad de esas políticas. Es por eso que insisto en que esta causa tiene exclusivamente carácter político. De prosperar, este intento de judicializar la política económica sentaría un verdadero y novedoso precedente a escala mundial. Porque con este criterio las políticas del gobierno actual, que hasta ahora han logrado bajar ostensiblemente el salario real, provocar el despido a miles de argentinos, poner en jaque a buena parte de la industria y el comercio, enriquecer a los bancos con una elevadísima tasa de interés que además perjudica a la producción y el consumo nacionales; deberían también discutirse en tribunales. Por ese camino se llegaría al absurdo de que el poder judicial sea el que determina cuál política económica debe aplicarse en base a si es o no un delito. 


Fue el gobierno de Macri el que decidió devaluar, y cuando lo hizo, el Banco Central “perdió” en el mercado de futuros, pero también “ganó” en términos de crecimiento de sus activos en pesos. Esta causa, de manera inexplicable, intenta aislar sólo la pérdida y achacársela al gobierno anterior que no devaluó en vez de responsabilizar al que sí lo hizo. De hecho, cuando se ve todo el cuadro, se observa en el balance del Banco Central que la “ganancia contable” superó la “pérdida contable” y mejoró su patrimonio. Este enfoque es, a decir verdad, una forma muy extraña de analizar por separado uno de los tantos efectos económicos de la devaluación, que en Argentina favoreció claramente a los grupos exportadores concentrados y perjudicó a los asalariados y las clases medias, los jubilados, etc. 
Señor Juez. Como dije, y para terminar, no hay en todo el expediente indicio de delito alguno, menos aún de un “negociado”, ni de ninguna irregularidad en la habitual operatoria de “dólar futuro”. 


Pero todavía hay algo más extravagante: resulta desde todo punto inexplicable que Usted intente imputar, en base a un expediente difuso, a varios miembros del Poder Ejecutivo.


Ya he mostrado aquí que nada de lo que se imputa al Banco Central puede considerarse un delito. Lo que quiero señalar ahora es que a lo largo de todo el expediente no se encuentra ninguna alusión a mi persona, con excepción de una. Esa excepción es la declaración del periodista Marcelo Bonelli del Diario Clarín que además aporta como “pruebas” sus propias notas en el diario.


En mi desempeño como funcionario público fui objeto en más de una oportunidad de denuncias de este tipo, a las que he dado en llamar “denuncias voligoma” en alusión a un conocido adhesivo sintético. Describo el procedimiento: primero, el diario Clarín publica una nota en la que se denuncia un presunto delito que yo habría cometido. Inmediatamente, un tercero realiza una denuncia –en mi caso han sido casi siempre abogados vinculado a Cambiemos–, lo cual provoca una nueva nota en el diario (y en otros que lo repiten) señalando que he sido denunciado por un acto de corrupción. Luego, se inicia una causa judicial en mi contra basada exclusivamente en la supuesta investigación periodística que motiva la nota original. Aparecen después innumerables noticias acerca de la evolución de la causa por corrupción que se cursa en mi contra. 


Las denomino “denuncias voligoma” porque el procedimiento consiste en cortar y pegar la nota de diario Clarín, y convertirla en denuncia y causa judicial.
La particularidad de esta causa es que la supuesta “prueba” suministrada por el diario Clarín y la declaración de este periodista aparecen en esta causa recién después de que fui convocado a declarar. En este caso quien se basa en la denuncia periodística no es un abogado relacionado con Cambiemos, sino usted mismo, Sr. Juez, que trae a colación las notas de Bonelli y que lo convoca a declarar.


Es por eso que me atrevo a sospechar que las notas publicadas en el diario Clarín son el origen de toda esta bochornosa causa judicial. Es de allí de donde usted saca que yo, en nombre del poder ejecutivo, le di órdenes al banco central para que hiciera estas operaciones con el solo fin de perjudicar al futuro gobierno. También sostiene que el candidato del frente para la victoria, a través de un colaborador, intentó que el banco central cambiara su política. 


Ya después de habernos citado a indagatoria, cita usted a un colaborador de Daniel Scioli, Gustavo Marangoni, que lo único que hace es echar por tierra toda esta operación mediática. En efecto, Marangoni afirma que, tal como dijo el candidato del FPV, no tenía planeado devaluar violentamente sino llevar el dólar a 10 pesos en enero, con lo que el Banco Central hubiera ganado más de $9000 millones en su operatoria en el mercado de futuros. Y afirmó, además, que esa conversación con Vanoli, que me involucra, simplemente no existió. 


Señor Juez, se ha pasado Usted todos estos meses investigando la existencia de estos hechos inventados por Bonelli. En este expediente no se ha probado ninguno de estos hechos y, para peor, cuando a último momento Usted cita a declarar al colaborador de Scioli cuya identidad Bonelli no podía revelar, Gustavo Marangoni simplemente niega todas estas fabulaciones. Estas son las dos últimas declaraciones de testigos que figuran en el expediente. Sin duda, deberían haber sido las primeras así nos ahorrábamos tanto suspenso. 


Fuera de los tecnicismos y cuestiones económicas en juego, la principal enseñanza que deja la lectura del voluminoso expediente de esta causa es que un Juez Federal de la Nación debería saber distinguir entre un posible delito y una simple operación político-mediática impulsada por el periodismo para favorecer a un partido político y perjudicar a otro. Y si logra reconocerlas debería abstenerse de participar y terminar formando parte de ellas. Porque su único objetivo es la persecución de ciertas personas para instalar en la opinión pública que han cometido un delito cuando no lo han hecho. Pretenden como mínimo dejar la sospecha de que son corruptas, o buscan provocar una foto en las escaleras de Comodoro Py y otros circos mediáticos a los que un Juez de la Nación no debería jamás prestarse.

 


Reproducimos a continuación el escrito presentado por la ex presidenta Cristina Fernández ante el juez Bonadío, ante la citación a indagatoria del día de hoy; donde pone en línea el proceso judicial-mediático que se está llevando adelante contra su persona y otros altos funcionarios del anterior gobierno, con los procesos realizados cada vez que el Movimiento Nacional fue depuesto.

Ayer como hoy, una rosca de clase vinculada a la oligarquía argentina y con el respaldo del Poder Judicial y la prensa seria, atacó al Yrigoyenismo y al Peronismo imputando de «corruptos» a sus caudillos; mientras que lo que se pretende condenar es la intervención del Estado en la economía y que nuestro país haya tenido, aunque sea fugazmente, ejercicio de su soberanía política; verdadero pecado capital en un mundo regido por el Imperialismo.


«Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.»
 
 
 
 
Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa «Dólar Futuro»
 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER· MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016
 
Señor Juez:
 
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152÷15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20134306654), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:
 
I.-
 
Objeto.
 
Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos.
 
II.
 
Introducción.
 
1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
 
Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento –matrimonio indisoluble– utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores” devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas.
 
No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción, lo acusaron de conspiración.
 
Más tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca violación del texto constitucional asignándole funciones jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.
 
Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales del Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se correspondían con “su ser nacional”.
A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más– la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos:
 
1° Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148÷55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa.
 
2° Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados…”
 
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
 
“…Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.
Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
 
La historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
 
2) En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno.
 
Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
 
Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador” del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
 
Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
 
3) Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales.
 
Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
 
La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-…).
 
III.
Manifiesta.
 
1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
 
En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
 
Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal.
 
Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
 
Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal.
Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
 
En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3).
 
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.
 
Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general.
 
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
 
Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
 
En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa.
 
Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
 
Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los comentarios.
 
Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita.
 
Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.
 
En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político –terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas.
 
La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
 
Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
 
Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía.
 
Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.
 
En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente el Gobierno de las excusas –como todo en la vida– tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.
 
IV.-
Petitorio.
Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.
 

El gobierno de Macri avasalla la Libertad de Expresión

Publicado en País Martes, 12 Abril 2016 15:40

El gobierno de Mauricio Macri, apoyado por la Unión Cívica Radical y su expresión universitaria Franja Morada, fue citado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su avasallamiento a la Libertad de Expresión.

Según denunciaron representantes de medios PYME y comunitarios, las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual llevadas adelante por el gobierno a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, — entre otras, la quita del límite del 35% de concentración de licencias — llevarán a la quiebra a la mayoría de los medios de comunicación del país, en claro beneficio de los oligopolios mediáticos.

Desde esta Revista, denunciamos este grave atentado a la Libertad de Expresión, que restringirá la participación en el debate público de miles de argentinos; violando un Derecho Humano irrenunciable.

A continuación, transcribimos algunos artículos que detallan estos acontecimientos.

Luz roja encendida para los medios Pymes
Osvaldo Frances ante la CIDH-OEA : “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir”

Osvaldo Francés, presidente de ARBIA,  la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, aseguró en Washington, ante la  Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado argentino con políticas que favorecen la concentración mediática.


Ante los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, citado por la CIDH, el dirigente aseveró que “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”. 


Francés fue vicepresidente del COFECA, organismo creado por la Ley de SCA 26.522, que estaba integrado por representantes de cada una de las provincias, de los gremios de la comunicación, entidades empresariales de medios, las universidades, las cooperativas  y los pueblos originarios, entre otras representaciones de la sociedad civil. A pocos días de asumir,  Macri firmó un DNU,  que sin más trámites,  modificó la LSCA y disolvió el organismo.


Al respecto Francés explicó que  “las funciones (del COFECA) eran amplísimas Ad Honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil”, antes había advertido que “Nosotros siempre vimos la película completa desde la sociedad civil, nunca vimos la foto y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida”.


En su contundente alocución el también presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CoRaMeCo), y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática,  advirtió que su sector “con estos DNU no podrá competir contra los grupos concentrados,  dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental”.


ARBIA fue una de las organizaciones que integró la delegación que recurrió al organismo internacional a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.


En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados.


Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4159&v=19PLdKiUEng
https://flic.kr/p/FEP6Rq
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Cuestión de contexto, por Horacio Verbitsky Pagina12

El Estado no respondió ni una de las cuestiones que plantearon en la sede de la OEA el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator para la Libertad de Expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Con diatribas al pasado y promesas inverificables de un futuro refulgente, hicieron silencio sobre los hechos consumados que refuerzan la concentración, silencian el pluralismo, reducen la diversidad, y afectan derechos humanos básicos en una sociedad democrática.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1296599-201604-10.html

https://flic.kr/p/FaEtMK
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Muchas preguntas y pocas explicaciones –Por Coalición por una Comunicación Democrática — Perfil

El Gobierno dejó interrogantes a la hora de justificar el incumplimiento de principios jurídicos básicos afectados por los DNU en telecomunicaciones
Representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a especialistas en derecho a la comunicación, denunciaron este viernes en Washington el intento de “gubernamentalizar” los órganos de control de la comunicación audiovisual mediante la creación por decreto del ENACOM, y la imposición de reformas a favor del mercado que contradicen al sistema democrático, en tanto afectan regresivamente la distribución de la palabra.

http://www.perfil.com/politica/Muchas-preguntas-y-pocas-explicaciones-201604090066.html
https://flic.kr/p/FaEtuR
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Ante el avasallamiento autoritario a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces

La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) repudia el aval legislativo otorgado sin consulta previa ni apertura de la discusión a ninguno de los actores relevantes del campo a los decretos presidenciales 13/15, 236/15 y 267/15, los cuales atropellan no solo a ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino al derecho humano a la comunicación.
Los decretos ratificados avasallan a los entes autárquicos que emanaban de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital (AFSCA y AFTIC) y modifican su constitución, creando una nueva autoridad de aplicación, el Ente Nacional de la Comunicación (ENACOM), en el que el Poder Ejecutivo podrá elegir a la mayoría de los miembros del directorio y remover incluso a los de las minorías legislativas “sin expresión de causa”. 
Además, se levantan definitivamente las barreras a la concentración mediática mediante la eliminación de la restricción a la posesión de más del 35% del mercado a una sola empresa, extendiendo de 10 a 15 la cantidad de licencias que un mismo grupo puede poseer a lo largo y ancho del país, extendiendo por diez años las vigentes, permitiendo su transferencia directa y eliminando de la consideración de “servicio audiovisual” para la TV por cable, abriendo la posibilidad de que las emisoras universitarias –entre otras– queden fuera de las grillas. 
Asimismo, el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual fue expresamente disuelto por el artículo 24 del decreto 267/15 y el Consejo Honorario de Medios Públicos virtualmente desactivado, por lo que la participación de las carreras de Comunicación en la definición de políticas públicas ha sido deliberadamente eliminada. 
Quienes formamos parte de FADECCOS entendemos que esta política violenta el derecho a la libertad de expresión y la pluralidad de voces, imprescindibles para la vida democrática. Ejemplo de ello es la marginación creciente a la que deberán enfrentarse los medios  populares sin fines de lucro, universitarios y de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
La ley 26.522  constituye un hito de la vida democrática por su proceso de gestación. Durante más de dos décadas, diferentes organizaciones ligadas al campo de la comunicación discutieron democráticamente los puntos fundamentales que serían la base de esa regulación. Luego de aprobada la ley por amplias mayorías parlamentarias, y sometida previamente a audiencias públicas federales, la norma y su plena vigencia fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, se trató de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo y ratificada luego por los poderes Legislativo y Judicial. 
En ese sentido apoyamos y hacemos nuestros los nuevos 21 puntos definidos por la Coalición por una Comunicación Democrática y nos comprometemos a discutir en dicho ámbito las posiciones sobre el tema. Asimismo, exigimos al gobierno nacional  públicamente, y lo haremos por los canales institucionales correspondientes, se incluya a las carreras de Comunicación en un profundo debate que debería consolidar los consensos necesarios que aporten legitimidad a las políticas públicas. Nuestros saberes técnicos y conceptuales, nuestras trayectorias político académicas y nuestro rol como profesionales y formadores de profesionales de la comunicación no deberían ser gravosamente excluidos como lo fueron. 
Las carreras de comunicación nucleadas en FADECCOS seguiremos bregando conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil por la plena vigencia de los derechos vulnerados, en el sendero de la construcción de una comunicación cada vez más inclusiva, plural y democrática.  

 

Compartimos el artículo publicado en el día de hoy por el Diaro Vox, escrito por Sofía Fernandez. En él se incluyen las entrevistas a Yael Vela, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Congreso y María Angeles Uchon de la Universidad Católica Argentina, ambos compañeros del Movimiento de Integración Nacional.

Compañeros y compañeras los invitamos al Ciclo — Debate de Autores Clásicos del Pensamiento Nacional Latinoamericano a realizarse los días jueves 7 y viernes 8 de abril a las 21 hs.

Inmersos en una Argentina que enfrenta un nuevo sobrendeudamiento con las principales bancas internacionales; una imposición de un techo del 25% en las paritarias contra una inflación galopante que asciende por encima del 40%; y severas medidas de ajuste contra los asalariados acompañadas de represión; es que consideramos indispensable retomar el pensamiento clásico de algunos autores de la talla de Scalabrini Ortiz, Ramos o el viejo Jauretche, que supieron denunciar en su momento las formas de dominación y sumisión del pueblo por medio de su pluma y su militancia.

En las reuniones anteriores analizamos las obras y el pensamiento político de José de San Martín, Fidel Castro, Hugo Chávez, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche en su obra “El medio pelo en la sociedad argentina”, la obra «Política y Economía» de Don Arturo Jauretche, y «Mujer, sexualidad, internet y política: los nuevos electores latinoamericanos» del asesor estrella de Macri, el ecuatoriano Jaime Duran Barba.


En esta oportunidad se expondrá la obra “América Latina en la geopolítica del Imperialismo” de Atilio Borón, en la cual el autor retoma una categoría esencial para entender la realidad como es la geopolítica, utilizándola para analizar la situación de América Latina frente al Imperialismo.

AUN ¡Malvinas Volveremos!

Sobre los Papeles de Panamá

Publicado en Opinión Miércoles, 06 Abril 2016 08:30

Hace unos días unos once millones de documentos clasificados de la firma de abogados Mossack Fonseca Co. fueron difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red de entidades periodísticas pertenecientes a más de 78 países con sede en Washington.  En ellos, se detalla con nombre y apellido a distintos jefes de estado, deportistas y celebridades de todo el globo como integrantes de sociedades o empresas establecidas en Centroamérica. Tanto las Bahamas, como otros puntos claves tales como las Islas Virginias o Suiza, resultan ser un imán para las trasnacionales que pretenden facturar sin demasiada presión tributaria o sin un Estado que meta mano en sus libros contables. A estos lugares se les llama “paraísos fiscales” donde los negocios fluyen libremente sin que nadie pregunte demasiado si resultan ser actos lícitos o ilegales.

Las operaciones de lavado de dinero o de evasión de impuestos son moneda común en los paraísos fiscales. Es allí a donde van a parar los dólares fugados de forma ilegal del país por las empresas. Los gobiernos de estos países son los garantes de sus pequeños secretos fiscales a cambio de inversión extranjera constante.

Entre las empresas mencionadas por los Panamá Papers se encuentran al menos tres con las que el actual presidente tuvo alguna clase de vinculación. La primera es Fleg Tranding Ltd. (cuya traducción literal es, “comercio de sustos”) en la que también participó el papá Franco como presidente y el hermano Mariano como secretario, y en la que Mauricio aparece como director vicepresidente. El gobierno nacional negó que Macri hijo fuera accionista, sino que más bien cumplió el papel de “director ocasional” de la sociedad que cerró en 2009 cuando llevaba ya dos años de Jefe de Gobierno. Testo ad honorem, y por ello no figurarían en las declaraciones juradas presentadas por aquél que funge de presidente. A su vez se aclaró que la empresa se dedicaba a “invertir en Brasil”. Nada más ambiguo y poco satisfactorio. La vicepresidenta, Michetti, comentó en los medios que Macri le contó que la sociedad la armó su padre “por las dudas” de que se dieran ciertas posibilidades de negocios, y que nunca llegó a operar.

La segunda sociedad que incluye el nombre del amigo entre sus integrantes es una tal Kagemusha. Los papeles filtrados del despacho del buffet de abogados De la Guardia-Arosemena-Benedetti explican que la firma cuenta con la capacidad de abrir cuentas en bancos, librar cheques o transferir dinero. El rubro de sus actividades va desde el “negocio de los astilleros” hasta la “compraventa de bienes en general”.  Fue registrada en 1981 y figura activa al día de hoy, declarando de su patrimonio solamente 10.000 dólares. Dato curioso: el nombre de esta sociedad, hace referencia a una película del director japonés Akira Kurosawa, que cuenta la vida de un delincuente de poca monta que tiene el mismo aspecto que un moribundo terrateniente por el que se hace pasar para que no pierda su riqueza. En Japón, Kagemusha se utiliza para denotar a un «señuelo político».

Por la tercera empresa offshore, esta vez ubicada en Uruguay, llamada Opalsen S.A. padre e hijo fueron procesados en 2001 al acusárseles de utilizarla como herramienta para el contrabando de autopartes vía Uruguay. Se vendían autopartes de Argentina a Uruguay para que luego fueran reingresadas al país por una empresa de la misma firma. Los Macri cobraban luego los reembolsos por las exportaciones, en una tramoya que les habría dejado 7 millones de dólares. Los vicios de la vieja patria contratista nunca murieron por lo que se ve.

Un ex gerente de la JP Morgan, Hernán Arbizu, declaró que las empresas denunciadas por los documentos son meras pantallas de la operatoria del lavado de dinero. Que el grueso de los fondos están resguardados por las mismas entidades que en las próximas semanas le prestarán a la Argentina para pagarle a los buitres, tales como el HSBC y el mismo banco Morgan.

“Nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca.”  Estas fueron las palabras del ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. Hasta Lanata salió a decir que “la única razón para tener una empresa en un paraíso fiscal es para evadir.”

Mientras tanto, la directora de la Oficina Anti-Corrupción, Laura Alonso (también recordada por conducir una ONG financiada por Paul Singer) salió a ilustrar a la ciudadanía diciendo que tener una cuenta en un paraíso fiscal no es en sí mismo un delito. Hasta ahí, tiene razón. Lo que debería preguntarse una directora de una Oficina anticorrupción es ¿para qué fulano o mengano tienen una cuenta no declarada en un paraíso fiscal? De mínima, para evadir impuestos. Que la Oficina Anti-Corrupción decida no investigar un escándalo mundial que involucra al presidente y que demuestra que no todo está claro respecto a sus actividades comerciales, deja un poco que desear de su moralidad y profesionalismo.

Mientras tanto los medios argentinos: poco, poco. El diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ), uno de los medios que es parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, criticó ayer a la prensa argentina por el tratamiento informativo de la noticia. «Llama la atención que los medios argentinos no le hayan dado tanta importancia al caso de Macri teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia». SZ señala que los medios argentinos le dieron «más importancia a la denuncia vinculada al secretario de Néstor Kirchner que al propio Mauricio Macri». Y agregan: «Si hubiera sido el ex presidente Kirchner ya le hubieran pedido la renuncia».

Lo que se ha desnudado son los mecanismos por los cuales Macri-empresario ha intentado burlar al Estado para beneficiarse en sus negocios. Ahora, que es Macri-Estado,  utiliza los medios legales para beneficiar a su clase social, aquél empresariado local que encuentra sus negocios más gordos en el exterior.

 

Los lectores de la Revista Integración Nacional ya han notado que un nuevo 24 de marzo se encuentra caída nuestra página. Esto no es obra de un desperfecto técnico sino de un ataque informático. Ahora bien ¿Por qué nuestra revista y por qué de nuevo el mismo día?

 

La RIN es un aporte de militantes del Movimiento Integración Nacional junto a numerosos compañeros y amigos, a la discusión de los asuntos colectivos y, fundamentalmente, a la defensa del campo nacional. Nuestros lectores reconocerán que en este medio se han publicado numerosas columnas denunciando a aquellos que persiguen la entrega de la soberanía. Hoy, varios de ellos ocupan altos cargos del Estado.

 

¿Será que al gorila de turno le habrá molestado y busca incordiarnos una vez más en las mismas fechas? Si responderá a un cheque o a una pauta cultural, eso ya lo desconocemos. Se ha tomado su tiempo y trabajo para afectar exclusivamente a nuestra página.

 

Son tiempos en los que medios que se niegan responder a los intereses del imperialismo norteamericano son levantados y nuevos medios afines se asoman. Las señales RT y Telesur en nuestro país son una muestra.

Sin embargo la caída de nuestra página, irónicamente y a pesar de los gorilas, no ha hecho más que acelerar el perfeccionamiento de nuestra revista. Mientras usted lee esta nota, nuestros compañeros se encuentran resolviendo la creación de una nueva página. Al mismo tiempo, mientras terminamos esa tarea, seguiremos publicando en una nueva dirección 

 

Invitamos a nuestros compañeros y amigos a publicar sus opiniones y trabajos, fomentando la discusión de los asuntos públicos que nos atañan como argentinos y argentinas y, sobre todo, como latinoamericanos. (RIN)

 

Canta conmigo canta,

hermano americano,

libera tu esperanza

con un grito en la voz.

 

Canción con todos. Armando Tejada Gómez